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Gobierno cree en cero recortes a las pensiones pero vetaría el proyecto que lo convierte en política

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Omar Marrero Díaz, director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), explicó que el proyecto de ley choca con las disposiciones del Plan Fiscal y la Ley Promesa.

El Gobierno de Pedro Pierluisi Urrutia reiteró su apoyo al cero recorte a las pensiones, pero vetaría el Proyecto de la Cámara (PC) 120, conocido como la Ley de Retiro Digno, que declara como política pública la oposición a cualquier Plan de Ajuste de Deuda que extienda el recorte a las pensiones.

La contradicción nace de dos preocupaciones, según expresadas por Omar Marrero Díaz, director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF): el proyecto de ley choca con las disposiciones del Plan Fiscal y la Ley Promesa, además de que el tribunal en donde se atiende el proceso similar a la quiebra de Puerto Rico pudiera imponer —sin importar la legislatura o el gobierno mismo— un recorte a las pensiones, si lo entiende necesario.

“Si el proyecto es tal cual, no tendríamos más remedio que se vetara porque es inconsistente con el Plan Fiscal. Si queremos tomar este proyecto y eliminar todo lo que es antijurídico y todo lo que choca con la Ley Promesa y la Junta, pues eso lo pudiésemos ver, pero eso no es lo que tenemos. Usando términos legales, tiene píldoras venenosas este proyecto”, explicó Marrero Díaz durante una vista pública sobre el PC 120.

Marrero Díaz recordó que la Junta de Control Fiscal (JCF) impugnó seis leyes el pasado diciembre porque retaban el mandato del ente, creado por la Ley Promesa. En ese aspecto, indicó que el PC 120 no sería la excepción porque propone unas reglas a seguir para un Plan de Ajuste, cuando es la JCF la que, por virtud de la Ley Promesa, tiene el poder de servir como representante exclusivo de los deudores del Título III y formular, proponer y perseguir los respectivos planes.

Una visión similar presentó el designado secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, mediante una ponencia. En su escrito, el funcionario esbozó las ataduras legales y recomendó a la Legislatura que consulte la viabilidad del proyecto con los Sistemas de Retiro y las agencias de corte fiscal.

El Director Ejecutivo de AAFAF añadió que tampoco se puede crear un Fideicomiso para la Administración Conjunta de los Sistemas de Retiro para garantizar el pago a los retirados, tal como propone el PC 120.

La JCF había envió una carta el pasado 29 de enero en la que consignó su oposición al PC 120 por las razones expuestas por Marrero Díaz.

A preguntas del representante Denis Márquez Lebrón, del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), y de José Bernardo Márquez Reyes, del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Marrero Díaz alertó que la jueza federal Laura Taylor Swain podría imponer el recorte a las pensiones, si lo entiende necesario.

“Eso no ha ocurrido, pero está por verse. Si miramos las leyes que han sido impugnadas por la corte, reconocemos que hay un riesgo. Nosotros nos sostenemos en el derecho de que si mañana se aprueba un Plan de Ajuste, no creo que haya legislación de Administración que permita recorte a las pensiones, pero reconozco que la única manera en que pudiese pasar es que venga desde la vía legal y judicial. Entonces, como hombres de ley y orden, acataremos la decisión, no sin antes agotar todas las vías posibles”, esbozó Marrero Díaz.

De acuerdo a la representante del Partido Nuevo Progresista (PNP), María de Lourdes Ramos Rivera, las expresiones de Marrero Díaz son decepcionantes. Ambos formaron parte de una reunión el año pasado, en la cual el Director Ejecutivo de AAFAF no advirtió sobre las fallas de esta medida, similar al PC 2434 que se quedó en comité de conferencia en la sesión pasada.

“No hacen dos años, va solamente un año de esa reunión. Me siento triste y decepcionada, porque si en ese entonces nos hubieran dicho esto, mejorábamos el proyecto”, lamentó Ramos Rivera, quien le aclaró a Marrero Días que el PC 120 no crea un fideicomiso para administrar pensiones, sino que establece una zapata para su futura creación.

El PC 120 tiene los votos para ser aprobado. Por la pasada semana, la Comisión de Asuntos Laborales y Transformación del Sistema de Pensiones para un Retiro Digno ha sostenido vistas públicas para evaluar su viabilidad.

“Hay que ver qué es lo que quiere el Gobernador y qué es lo que quieren las agencias, porque sabemos que la Junta no va a defender a los retirados. Este proyecto no representa ningún gasto y la política pública de cómo se presenta un presupuesto la establece la Legislatura”, exclamó, por su parte, la representante Mariana Nogales Molinelli, del MVC.

El presidente de la comisión, el representante Domingo Torres García, anunció que el Comité Oficial de Retirados (COR) comparecerá el miércoles a la 1 p.m., pero en una vista ejecutiva.

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