La administradora designada, Enid Ortiz, es protagonista de la lucha entre facciones del PNP dentro del negocio más lucrativo que le queda al gobierno.

La designada a la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE), Enid Inalbis Ortiz Rodríguez, fue líder de la campaña de la gobernadora Jenniffer González Colón en esa corporación pública y todavía tiene pendiente una demanda en contra de la agencia por las supuestas represalias a las que fue sometida debido a ese trabajo proselitista.

La CFSE es una de las entidades públicas más lucrativas que le quedan al gobierno de Puerto Rico, con ingresos de casi $800 millones el año pasado y una cartera de inversión con valor de $1,900 millones. Tiene casi 2,200 empleados y sus arcas son recurso recurrente para gobernadores cuando hace falta un resuelve financiero en alguna otra área de gobierno. Opera un monopolio sobre el seguro ocupacional en la isla.

Pero el liderato de años recientes se ha destacado más por las luchas y ventajerías políticas que por su eficiencia en la gestión de la corporación. La CFSE es fuente de empleo para parientes de políticos y para pagar salario a empleados que en vez de prestar servicios allí están en destaque en otras dependencias. Por ejemplo, en el caso de la convicta exrepresentante María Milagros Charbonier Laureano, su esposo era empleado de la CFSE, mientras que la esposa del convicto exalcalde de Cataño, Félix Delgado Montalvo, era empleada de la corporación pero en “destaque” en la oficina de la legisladora.

El actual administrador, Noé Marcano Rivera, fue alcalde de Maunabo por el Partido Nuevo Progresista (PNP) y luego secretario de ese partido antes de llegar a la posición que paga $150,000 anuales.

La designación de Ortiz Rodríguez sigue el patrón. Según expedientes judiciales y el informe de transición de la CFSE, la mujer tiene pendiente una demanda contra el llamado “Fondo” que quedó sometida a la evaluación del tribunal tan reciente como en octubre pasado y que le representa una posible compensación de $200,000.

La mujer, quien tiene puesto de carrera como subdirectora del dispensario de Corozal en la región de Bayamón, sometió una demanda después de que en 2020 se le removiera del puesto de confianza de subadministradora por el entonces administrador, Jesús Rodríguez Rosa. Sus alegaciones son que la removieron y la sometieron a un ambiente laboral hostil debido a las actividades que realizaba para organizar a los empleados de la corporación a favor de la candidatura primarista de González Colón. Antes de esto, apoyó también la campaña primarista de la exgobernadora, Wanda Vázquez Garced.

Ortiz Rodríguez fue oficialmente la persona enlace de la campaña a la gobernación de González Colón con todos los servidores públicos. Al anunciar su designación, la gobernadora destacó que “Enid Ortiz ha demostrado, una y otra vez, cómo la eficiencia del supervisor en el logro de metas, combinada con su destreza en liderazgo, motivación y formación de equipos de trabajo, se traduce en una mejora constante en la calidad del servicio público y en la eficacia operativa de la (CFSE)”.

Además, Ortiz Rodríguez sostiene que está protegida por las leyes a favor de informantes porque se había querellado ante la Junta de Directores de la CFSE de que Rodríguez Rosa realizaba actividades políticas en horas laborables. La funcionaria no se limitó a eso sino que también fue testigo de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) en contra del ayudante del administrador, Jesús Muñiz Cruz, a quien se le impuso multa de $15,000 por, precisamente, llevar a cabo actividades a favor de la candidatura primarista del entonces gobernador Pedro Pierluisi Urrutia en horas laborables.

La oficialidad de la CFSE también sometió a Ortiz Rodríguez a auditorías por material político partidista encontrado en el baúl de su vehículo oficial y por un supuesto esquema de borrar multas a patronos con conexiones políticas.

Excepto la multa de Ética, ninguna de estas recriminaciones mutuas ha resultado en hallazgos concretos.

Lo que sí ha sucedido en el trayecto es que surgen dudas sobre la eficiencia en la gerencia de la CFSE. En 2022, como parte de vistas públicas sobre el posible uso de $255 millones de la corporación pública para un alivio en la tarifa del agua y la energía eléctrica, se consignó que el informe financiero auditado más reciente demostraba déficit neto de $1,042 millones y pérdida de $64 millones en su cartera de inversión.

La Asociación de Empleados Gerenciales de la CFSE, de la cual Ortiz Rodríguez es miembro, apoyó su designación. “(Ella) es mucho mejor a que esté Noé Marcano ahí”, dijo su presidente, José E. Ortiz Torres, al subrayar los problemas de comunicación que tienen los unionados con el administrador actual.

Marcano Rivera, sin embargo, no piensa renunciar a la posición, que tiene vigencia de seis años y que no va al Senado para confirmación, sino que solo está sujeta a la decisión de la Junta de Directores, compuesta por cinco miembros del gobierno y dos del interés público.

“Me quedan cinco años de término. La Junta entrante tiene que destituirme por justa causa y la justa causa no está definida por la ley (de la CFSE)”, afirmó el funcionario a NotiCel al recitar una serie de precedentes del Tribunal Supremo sobre nombramientos a término que, según él, apoyan su postura. Entre estos, de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y de la Procuradoría del Paciente.

“Haremos el proceso según establece la ley”, se limitó a decir cuando se le preguntó su recurriría a los tribunales de ser destituido sin justa causa.

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