Representantes de titulares y administradores de condominio buscan reunir a dueños de apartamentos este miércoles en el Capitolio para impulsar una revisión de la Ley de Condominios.

Con el señalamiento de que la versión de 2020 de la Ley de Condominios atiende los intereses de otros sectores que no son los titulares, o dueños, de las unidades de apartamento, dos entidades convocan a los titulares para mañana miércoles en el Capitolio con la intención de impulsar cambios a la ley que atiendan las necesidades de los propietarios.

La Asociación de Titulares de Condominios, Inc. (ATC), que preside Marimar Pérez Riera, y la Asociación de Administradores de Condominios de Puerto Rico, Inc. (AAC), que preside Sharon Rodríguez Díaz, así como el presidente del Senado, José Luis Dalmau, celebrarán el Encuentro de Titulares de Condominios el miércoles desde las 10:00 am en el Salón Protocolar de la Oficina de Servicios Legislativos ubicado en el edificio Medicina Tropical al lado del Capitolio.

Rodríguez Díaz explicó a NotiCel que el propósito de la actividad es que personal legislativo, legisladores y representantes de las agencias gubernamentales que inciden sobre la operación de los condominios, principalmente el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), escuchen testimonios de los titulares sobre los efectos que ha tenido la nueva ley que la legislatura y el ejecutivo del Partido Nuevo Progresista (PNP) aprobaron en 2020 sin escuchar a los propietarios de las unidades de apartamento que conforman los condominios.

La intención final es conformar un Comité de Trabajo integrado por titulares para discutir con la Legislatura los cambios que buscan. El comité pretende tener un proyecto de revisión listo en entre 60 y 90 días tras consulta con los titulares.

En la isla no hay estadísticas oficiales, pero los organizadores del encuentro estiman que hay unos 3,000 condominios en los que viven alrededor de 500,000 familias compuestas predominantemente por personas de mayor edad, madres solteras y mujeres mayores de 50 años. A pesar de tratarse de propiedad privada igual que cualquier otra residencia, están sujetos a niveles de regulación y de interferencia por parte del gobierno mayor mayores a los que enfrentan los dueños de casas, indican.

“Esa ley no está ayudando ni vela por los mejores intereses de quienes son dueños. Si tienes propiedad privada, ¿cómo es posible que el estado esté constantemente metiendo las manos en tu propiedad para establecer medidas que no te favorecen?”, planteó Rodríguez Díaz.

“Los condominios están encapsulados dentro de un laberinto sin salida”, aseguró.

Según estas organizaciones, el origen de los problemas con la ley de 2020 es que fue producida enteramente por personas que no representan los intereses de lo titulares sino sus propios intereses comerciales porque tienen prácticas profesionales y negocios que se nutren casi completamente de los negocios que hacen en condominios, por lo que la ley refleja y protege sus intereses y su forma de hacer negocio.

Rodríguez Díaz lo comparó con el esquema por el que se declararon culpables en la esfera federal los hermanos Walter y Eduardo Pierluisi Isern quienes, como administradores de unidades de vivienda pública organizaron empresas a las que ellos le daban negocio a cambio de una comisión. En este caso, estos comerciantes usan la ley para ganar control de las Juntas de Directores de los condominios, perpetuar en el poder a esas personas que pueden influenciar y perpetuarse como suplidores de servicios a ese condominio.

“Los promotores de la ley nueva se apoderan de las juntas y acaban controlando. Las organizaciones que ellos tienen utilizan la palabra condominio en sus nombres, confunden a las personas, Asociación de Condominios, Alianza de Condominios, Federación de Condominios, entre los tres formaron la Coalición de Condominios, pero, ¿quiénes son estas personas? Son comerciantes, no representan a los condominios”, argumentó Rodríguez Díaz.

En un video difundido en Facebook en 2018, aparecen Marcos Rosado y Mary Ortega, administradores de condominios, así como los abogados especialistas en condominios, Israel Alicea y Roberto Rivera Ruiz (suegro del exgobernador Ricardo Rosselló Nevares), y se describen como los que “estuvimos detrás de esa nueva ley”, en referencia al proyecto cameral “confeccionado por abogados y administradores” que acabaría creando la nueva Ley de Condominios.

“Fuera de las personas que mencionamos aquí, más nadie estuvo ahí”, dijo Ortega en referencia también a los licenciados Raúl del Manzano Román y José de la Cruz Skerrett. Rosado dice que el grupo se dedica a “la industria de los condominios”.

Además del control que la ley nueva confirió a las juntas de directores, la AAC y la ATC apuntan también como una de las deficiencias principales del estatuto el concepto de que con un solo conjunto de reglas se pretende controlar todos los tipos de actividades y convivencia que ocurre en los condominios.

“No podemos continuar encajonando a todos los condominios dentro de una misma ley cuando todos son diferentes”, dijo la presidenta de la AAC al proponer que una ley o código de condominios de estar enfocado solo en los asuntos de la administración de áreas comunes y que el resto de las reglas estén contenidas en las respectiva escrituras matrices de la propiedad.

También fue un desatino, según estas organizaciones, el responsabilizar al DACO de la implantación y fiscalización de la nueva ley porque la agencia, aseguran, no tiene los recursos, la capacidad, el interés o la base legal para meterse en las operaciones de lo condominios. “Si vemos la definición de conceptos entre lo que son consumidores y lo que son titulares en un condominio, no son lo mismo… el DACO ni siquiera entra a los condominios, tal y como lo hacen en los establecimientos comerciales”, subrayó Rodríguez Díaz.

Si DACO entrara, añadió, verían situaciones como abogados que inducen a error a los titulares y luego ello mismos cobran por los pleitos que esos errores provocan, cómo se limitan los derechos que tienen los titulares de conocer asuntos financieros y de gobernanza de sus condominios, se les limita el derecho a expresarse, se alargan innecesariamente las controversias y se ejercen sin regulación ni fundamento los poderes de la junta para afectar a los titulares prohibiéndoles el acceso a áreas del condominio y a servicios como los ascensores y cortándoles agua y luz.

“En Puerto Rico contamos con algunas buenas, sanas administraciones y convivencia en condominios, pero, por otro lado, lamentablemente por demás, contamos con muchos otros condominios secuestrados en los que se llevan a cabo una de actividades ilícitas y corruptas con titulares sufriendo atropellos, abusos, violaciones a sus derechos que es una total pesadilla. En especial están abusando de personas de edad avanzada y mujeres solas”, concluyó.