La Comisión Apelativa del Servicio Público es la agencia encargada por ley para recibir las solicitudes

La Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP) ha recibido 2,430 solicitudes de apelaciones de empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) inconformes con sus traslados a otras agencias públicas.

El próximo martes, 1 de junio, LUMA Energy asumirá el control de la transmisión y distribución del servicio de energía eléctrica en Puerto Rico, por lo cual miles de empleados de la AEE han recibido cartas de traslado efectivas también el próximo martes.

El denominado plan de movilidad para los empleados fue preparado por la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos (OATRH) con información ofrecida por la Autoridad y firmado tanto por la OATRH como por la AEE.

Pero los recursos de apelación los trabaja la CASP, que hasta ayer ha recibido esas 2,430 solicitudes, que incluyen 2,339 presentadas por la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier) y 91 presentadas por empleados por derecho propio, que significa que fueron presentadas por el propio empleado, no a través de la unión.

Los datos fueron ofrecidos a NotiCel por el secretario de la CASP, Reynaldo González, quien confirmó que muchos empleados gerenciales también han sometido apelaciones, aunque ese número aún no ha sido recopilado. “Y seguimos contando porque diariamente siguen llegando apelaciones de ambas formas”, dijo González.

“Reglamentariamente hay un proceso inicial y tiene un término por reglamento de 30 días (para someter la apelación). En ese interín nosotros vamos entrando la data y si hubiera algún defecto nosotros le notificamos al empleado. Se le notifica a la agencia y entonces corre un término para que la agencia conteste”, explicó González.

La exhorbitante cantidad de apelaciones se ha materializado porque el plan de movilidad creado por la OATRH tuvo errores desde el principio, que han sido admitidos tanto por el director ejecutivo de la AEE, Efrán Paredes, como por la directora ejecutiva de la OATRH, Zahira Maldonado Molina.

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De hecho, fue Maldonado Molina quien admitió esta semana que como no hay un sistema centralizado de recursos humanos, todos los cambios tienen que hacerse a mano, con papel y lápiz, lo que pudo llevar a error en el plan de traslados.

En una vista pública del Senado en la que se consideraba su designación, Maldonado Molina aseguró que la agencia ha logrado la movilidad de 4,100 empleados de la AEE, pero indicó que a ese número debía restársele 600 empleados que renunciaron, por lo que la cifra final sería unos 3,500. La cantidad de cartas de traslado representaba el grueso de la plantilla de la AEE, según Maldonado Molina, ya que la plantilla total es de 4,213, número que incluye puestos confianza.

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Hasta el gobernador, Pedro Pierluisi, aceptó que se han cometido errores en los traslados.

“Que estén tranquilos y si hay que reconsiderar cualquiera de esas reubicaciones se reconsidera por razones válidas, no meramente ‘oye es que no quiero trabajar allí’. Tampoco así porque el Gobierno ya está manteniéndole ese salario y esos beneficios y eso debería ser lo más importante”, afirmó Pierluisi en una conferencia de prensa el martes.

Sin embargo, ese día dijo que los traslados en controversia eran alrededor de 150, cuando hasta ayer eran 2,430 en realidad.

Uno de los casos más sonados de traslados sin sentido es el del alcalde de Utuado, Jorge Pérez Heredia, quien posee una maestría en Administración, pero fue asignado a una posición de chofer en el Departamento de Transportación y Obras Públicas.

Otro caso fue el del exjugador de baloncesto, Edgar León, quien por 20 años fue celador de línea en la AEE y fue asignado como guardia de seguridad en el Centro Médico, una posición que no existe porque allí hay contratada una agencia privada de seguridad.

Por su parte, el alcalde de Yabucoa, Rafael Surillo Ruiz, fue trasferido al Departamento de Vivienda como supervisor de un residencial público.

En las últimas dos semanas se han incrementado las protestas y manifestaciones de los empleados que siguen luchando por sus puestos y por que la AEE no pase a manos de LUMA Energy, cuyo contrato han asegurado es «uno de los más leoninos en la historia de Puerto Rico».

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