La demanda que radicó la firma que desarrolló The Mall of San Juan para declarar nula la venta que hizo el Banco Gubernamental de Fomento de los antiguos terrenos de la Armería de la Guardia Nacional a Fringe Area IV para un proyecto comercial y de hotel, podría impactar otros casos por una situación que no tiene que ver con los hechos del mismo.

Esto es porque New Century Development, desarrolladores de The Mall of San Juan, sostiene que una actuación de los tribunales sobre si podía o no podía apelar una decisión afecta a muchos casos además del de ellos y apunta a una imprecisión en el procedimiento civil.

El litigio fue radicado en el 2014 por NCD, que es socio local de Taubman Centers, los dueños del Mall of San Juan, contra el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) y Fringe Area, firma que obtuvo los terrenos de la Guardia Nacional en el 2012. NCD alegó en la demanda, que el BGF hizo la venta por debajo del precio de tasación y sin subasta, lo cual violentó su derecho a participar de la compraventa.

La jueza Myrna Ayala sostuvo que NCD no tenía legitimación activa para demandar porque ni siquiera fue parte de los procesos y no probó que hubiese sufrido un daño palpable y real. NCD alegó que estaba interesado en comprar los terrenos y que para el 2012 tenía la capacidad económica para desarrollar proyectos relacionados al Mall of San Juan.

Ayala sostuvo, sin embargo, que la demanda de NCD, firma que había solicitado $5 millones como compensación, no mencionaba nada sobre las gestiones específicas y concretas que hizo para adquirir los terrenos más allá de meras alegaciones. NCD radicó una solicitud de determinaciones de hechos adicionales y de reconsideración al Tribunal Superior nuevamente porque la Jueza había indicado que atendería solamente la controversia sobre el ‘standing’ o legitimación activa, pero fue más allá y declaró con lugar las mociones de desestimación y adjudicó los méritos de la controversia.

Al resolver la solicitud, la Jueza dijo ‘atendida la solicitud de determinaciones de hechos adicionales y reconsideración, no ha lugar a la reconsideración’. NCD dijo que apeló la decisión de Ayala pero el Tribunal Apelativo la desestimó por prematura indicando que el Tribunal Superior no se había expresado sobre la solicitud de determinaciones de hechos adicionales. El Apelativo se basó en que no se incluyó el formulario OAT 687 pese a que si se había incluido el formulario OAT 082, que apercibe a las partes de su derecho de apelar.

NCD alega que las aseveraciones del Apelativo no son correctas debido a que el Tribunal Superior no tiene discreción para aceptar o no determinaciones de hecho. Las Reglas de Procedimiento Civil del 2009 obligan a los jueces a hacer en un solo escrito las mociones de reconsideración y las solicitudes de determinaciones de hecho y de derecho.

‘Por tanto, debe presumirse que así lo hizo…No incluir el formulario 687 no debe de servir de pretexto para que se sigan desestimando casos por considerarse alegadamente prematuros’, sostuvo NCB que pidió al Apelativo una reconsideración. ‘El formulario OAT 082, incluido en la notificación de No ha lugar hace exactamente lo mismo que el formulario 687: apercibir a la parte que se ha archivado copia de la resolución o sentencia y de su derecho a apelar’.

NCD alega que su caso no es el único que está en el limbo jurídico por discrepancias en los formularios. Se espera por una revisión del Tribunal Supremo sobre una determinación del Apelativo de que basta con un solo formulario para poder apelar.

‘Podemos volver a radicar la apelación pero tenemos que esperar por el Apelativo que haga una determinación sobre la reconsideración que radicamos… Esto es una pérdida de tiempo y dinero’, dijo NCD.