Los tribunales de Puerto Rico, los cuales han sufrido severos recortes presupuestarios, podrían ver sus limitados recursos afectados bajo el proyecto cameral 2718 que crea la Junta de Supervisión Fiscal y Recuperación Económica.

Al igual que con el resto de las entidades, el proyecto dispone que la Rama Judicial, la cual enfrentó una reducción en su presupuesto actual de $330 millones, tendría que identificar el 2.5% del total de sus asignaciones de gastos operacionales y asignaciones especiales como ‘Asignaciones Suspendidas’, las cuales serán liberadas o canceladas de conformidad con la propuesta Ley de Responsabilidad Fiscal y Revitalización Económica. Si una entidad gasta más de lo presupuestado, no se le liberan esos fondos.

‘Esto es una violación a la separación de poderes porque ellos reciben dinero por fórmula’, advirtió el portavoz alterno de la minoría, Carlos ‘Johnny’ Méndez tras destacar que la creación de esa reserva limita las acciones de los tribunales.

La fórmula establece que el 3.3 por ciento del promedio del monto total de las rentas anuales ingresadas al Fondo General en los dos años económicos anteriores al año corriente y lo ingresado en el Fondo de Interés Apremiante sean asignados a Tribunales.

No obstante, debido a la crisis fiscal, los tribunales se vieron afectados en su presupuesto para al actual año fiscal al punto de que la jueza administradora Isabel Llompart advirtió que podría afectar el acceso a la justicia.

El proyecto cameral 2718 ya enfrenta varias preocupaciones por parte de legisladores que entienden que el mismo usurpa funciones de las Ramas Legislativa y Ejecutiva pues permite al Gobernador, entre otras cosas, aprobar el Plan de Crecimiento Económico y Fiscal a cinco años mediante orden ejecutiva.

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