El anuncio de Casa Blanca de que no dará ayuda a Puerto Rico para enfrentar la crisis financiera del gobierno ha provocado atención y crítica renovada a los creditos que toman las corporaciones foráneas contra el Tesoro federal por los impuestos que pagan en Puerto Rico bajo la Ley 154.

Martin Sullivan, analista de Forbes, ha sido el más reciente en cuestionar si ese crédito debe considerarse, en realidad, un ‘rescate’ del gobiero federal a Puerto Rico.

La mayoría de las filiales de las multinacionales con sede en Estados Unidos han firmado acuerdos de exención de impuestos industriales con Puerto Rico que las llevan a pagar solo 4%, o menos, de impuestos.

El gobierno local obtuvo una carta de opinión de una prominente firma legal de Estados Unidos que indica que existe suficiente vínculo con las operaciones de esas empresas en la isla como para cobrarles el impuesto, y el Tesoro federal ha concedido un crédito a las compañías por lo que pagan de impuestos en Puerto Rico.

Cuando se firmó la ley por el entonces gobernador Luis Fortuño en 2010, la tasa de impuestos para las foráneas fue programado para ser de 4 por ciento en 2011 hasta caer al 1 por ciento en 2016. En febrero de 2013, el gobernador Alejandro García Padilla firmó una nueva legislación que aumentó la tasa del impuesto al 4 por ciento nuevamente y extendió la fecha de caducidad hasta 2017.

Si el Departamento del Tesoro y el IRS cree que el impuesto es acreditable, podrían hacer mucho para mejorar la confianza de los inversores y la situación fiscal general en Puerto Rico si se establece permanentemente, como ha pedido el gobierno de Puerto Rico, dijo el analista.

En Puerto Rico sectores del independentismo, y también el exgobernador Carlos Romero Barceló, han pedido que la solución al problema financiero y la quiebra del gobierno se diseñe, en parte, contando con un aumento a los impuestos que pagan estas corporaciones al Departamento de Hacienda.

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