La secretaria del Departamento de Hacienda, Melba Acosta Febo, dijo el martes que no le sorprendió la determinación de la jueza superior Laureana Perez Perez en el caso contra Doral Bank, esto por la forma en que la jueza se comportó durante el proceso judicial.

‘El resultado de este caso, sinceramente no nos sorprende. Para comenzar, al gobierno se le dio un periodo muy corto de descubrir prueba. Se nos dijo el ‘weekend’ del 25 de julio, que teníamos dos o tres días para el descubrimiento de prueba, que es un tiempo corto en un ‘weekend’ como tal. Nosotros fuimos a Apelaciones, apelamos y Apelaciones revocó esa sentencia de la jueza y nos tuvo que dar más tiempo’, dijo Acosta Febo en entrevista radial (WKAQ).

‘Luego de eso hubo otra sentencia interlocutoria sobre el peso de la prueba. Ella (la jueza) dijo que teníamos que probar esto como si fuera un caso criminal, con intención y todo eso. Fuimos a Apelaciones y Apelaciones volvió y la revocó. Incluso, Doral fue al Supremo sobre ese tema y el Supremo afirmó lo que dijo Apelaciones y se revocó a la jueza’, agregó al asegurar que continúan los planes de apelar el dictamen que obliga al gobierno pagar los 229 millones de dólares a la institución bancaria.

Por otro lado, la funcionaria alegó que durante el juicio no se les dejó presentar toda la evidencia ni hacer todos los argumentos, incluyendo alegatos constitucionales y de separación de poderes.

‘Hubo momentos que un testigo de Hacienda, que fue CFO de Doral en 2006, cuando se hizo el acuerdo que dio base al del 2012, no se le dejó hablar de ese acuerdo, porque el 2006 no estaba bajo juego. Sin embargo, vino la testigo de Doral y sí pudo hablar del 2006. Aquí hay una serie de reclamos procesales de cómo se dio el juicio. Pero el reclamo base es que este juicio empieza con una demanda en la que básicamente ellos dicen que ellos pagaron unas contribuciones y que ahora el gobierno le debía un reintegro de 230 millones de dólares. A través del caso se probó que eso no fue correcto. Que Doral no pagó esas contribuciones. Entonces como el caso cambió, entonces la teoría fue otra. ‘Ah no era que ellos pagaban, es que el ‘Income Liability’ era da tanto y por la tanto hay que devolverle…’, denunció.

Acosta Febo indicó que la forma en que se dio el supuesto reintegro para el banco no fue la correcta, ya que debía hacerse mediante legislación y que se debía asignar fondos para que su agencia pudiera hacer el pago.

‘Aquí una administración quiso darle un ‘salvavidas’ a un banco de 230 millones de dólares para que el banco no cerrara en el 2012. Eso no tiene ningún problema pero hay que hacerlo por legislación. Una legislación que dijera que queremos ayudar este banco. Lo aprueba la Legislatura, lo aprueba el gobernador y a Hacienda se le da un número de cuenta para pagar eso. Hacienda no tiene una asignación presupuestaria para pagar eso y no puede pagarlo de lo que le llaman la reserva de reintegro porque eso no es un reintegro. Ellos no pagaron’, explicó Acosta Febo.