El gobierno frances logró recientemente establecer una reforma territorial que redujo de 22 a 13 sus regiones, una acción que resuena a debates que han tenido diversos países, incluyendo Puerto Rico, en la búsqueda de ahorros económicos y fiscales.

Según reportes de prensa, incluyendo el periódico español El País, la nueva reestructuración de las fronteras internas francesas supondría ahorros de entre 12,000 y 25,000 millones de euros en los próximos años. Esta cifra supone una estimación en base a los presupuestos globales de las administraciones locales.

Más sorprendente aún es que el gobierno francés logró hacer el cambio territorial en dos meses, aunque se aclaró que la fusión no entra en vigor hasta enero de 2016, y las negociacionespara este fin continuarán hasta el 2019.

El tema de cambios en la estructura territorial de un país no es tema solo de Francia. En los últimos años, ante el crecimiento y empeoramiento de la situación económica de muchos países, la disminución o fusión de regiones, dependencias y municipios ha estado en la mira de varios Estados.

Mientras, en Puerto Rico este debate tampoco es nuevo y, como es de esperar, bastante controversial.La fusión o unificación de municipios se ha discutido varias veces, pero nunca cuenta con el apoyo necesario en sectores claves de la estructura gubernamental y social.

En mayo de 2013, el gobernador Alejandro García Padilla creó mediante orden ejecutiva la Comisión de Descentralización y Regiones Autónomas, cuyafunción es analizar la situación fiscal y las necesidades de cada municipio; estudiar el proceso para implantar un plan de descentralización, mediante la delegación de poderes y responsabilidades del Gobierno Central a los gobiernos municipales; estudiar y evaluar los estándares y mecanismos para implantar un proceso de formación de regiones autónomas en Puerto Rico’, según comunicado de prensa circulado en aquel entonces.

Aunque distintos sectores alzaron su voz contra la orden ejecutiva entendiendo que daría paso a la eliminación de municipios, en marzo del año en curso, la Comisión presentó un informe con 31 propuestas para la unificación de los municipios y la consiguiente maximización de sus recursos, enfatizandoque no se fusionarían municipios, sino quese perseguiría la descentralización. De este modo, el Gobierno Central se transformaría de ser un proveedor de servicios directos a un ente que planifica y garantiza la calidad de los servicios.

A nivel regional, la Comisión sugirió que el Gobierno les transfiera el mantenimiento de carreteras e instalaciones deportivas, y el manejo de los programas de subvención de Vivienda Federal. Además, entre los municipios se pueden crear Planes de Desarrollo Local (PDL), acceder a ciertos fondos federales, y a compartir gastos administrativos. Sin embargo, habría que ver cómola redistribución de las porciones municipales y estatales del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU), y municipios que hayan refinanciado sus deudas a través dela Corporación de Financiamiento Municipal (COFIM), afectaría la manera en que se compartan estos gastos.

La Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales (OCAM) sería la agencia encargada de asesorar y capacitar las regiones, además de fiscalizar y regular de los municipios.

Aunque se propuso un plan piloto en tres regiones del país (central, este y oeste) por un periodo de dos años, para luego extenderse en toda la Isla, de modo que se conformen doce regiones, se tendrían que aprobar ciertas legislaciones que al momento no parecen estar cercanas a discutirse en la próxima sesión legislativa.