La jueza de San Juan, Laureana Perez, se reservó su fallo el jueves sobre si debía asumir jurisdicción de la demanda incoada por Doral Bank que busca validar un acuerdo del 2012 en el cual el Departamento de Hacienda se comprometió pagarle al banco un reintegro de $229 millones.

El Tribunal Supremo ordenó la semana pasada que el Tribunal de Primera Instancia hiciera una vista evidenciaría del pleito judicial y emitiera un fallo en o antes del 26 de junio.

La vista del jueves se centró en la jurisdicción del Tribunal.

Los abogados del gobierno, Claudia Juan y Ramón Dapena, argumentaron que el Departamento de Hacienda tiene jurisdicción ‘exclusiva’ para ver el caso ya que es una disputa de un contribuyente con la agencia y que, por lo tanto, el tribunal debía desestimar la demanda y dejar que la misma siguiese su curso regular en el foro administrativo.

Los abogados de Doral, Ramón Rosario y Carlos Miranda, sostuvieron que permitir que Hacienda asuma jurisdicción de la disputa sería el equivalente a privarle a la empresa un remedio legal porque la agencia ya ha tomado la determinación de que el acuerdo del 2012 es nulo.

Rosario dijo que obligar a la empresa a ir a través de los procedimientos administrativos regulares causaría ‘daños irreparables’ a Doral debido a que la secretaria de Hacienda,Melba Acosta, ya ha acusado públicamente al banco de tergiversar los hechos del caso. Aunque una vista administrativa iría a oficiales examinadores, sería Acosta la que tomaría la decisión final.

‘Con mucho respeto, si nos envía al proceso administrativo, tendremos un daño irreparable…’, dijo Rosario.

Los abogados de Doral alegaron que la controversia es un asunto de estricto derecho que hace innecesaria la pericia administrativa pues se trata de una violación a un contrato y de las actuaciones ‘ultra vires’ cometidas por Hacienda.

Aunque los abogados del gobierno no usaron esas palabras, sí utilizaron expresiones en las que dieron a entrever la posibilidad de irregularidades en el contrato.

NotiCel supo que Hacienda encontró un borrador del contrato hecho en febrero del 2012, el cual decía que Doral le debía a Hacienda $50 millones. No obstante, unos 40 días después se hizo el acuerdo final en el que aparece Hacienda debiendo $229 millones.

‘Primero, Hacienda aparece no debiendo y después si’, comentó una fuente.

Durante la vista, Dapena, anunció que presentaría una moción para argumentar que Doral no sufriría un daño irreparable si el caso se remite a Hacienda porque el propio banco informó a los reguladores en su más reciente informe K-8 de que no dependía del reintegro de la agencia para poder operar.

Doral solicitó a Hacienda el pago de reintegro de $229 millones luego de que el a principios de mayo la FDIC le informara al banco que la cuenta por cobrar de Hacienda no podía formar parte del capital básico de Doral, lo cual eliminó aproximadamente la mitad del capital de la institución, poniéndola en peligro de una intervención por parte de reguladores federales.

Hacienda le informó a Doral que luego de analizar la información que recibió del banco, el acuerdo era nulo porque la institución financiera nunca hizo los alegados sobrepagos de impuestos.

Durante la vista, la jueza Pérez preguntó por qué el acuerdo contributivo se había modificado repetidamente aún cuando se prohibía hacerle cambios. Rosario respondió que el acuerdo del 2012 descansaba en acuerdos suscritos desde el 2006 y que se modificó por acuerdo de ambas partes pero que no se podía anular.

Los abogados del gobierno, no obstante, destacaron que los acuerdos sí se pueden anular cuando media fraude, y que por eso era necesario ver si Doral hizo los sobrepagos.