El púgil ha sido amenazado de muerte tras ser acusado por la muerte de la joven Keishla Marlen Rodríguez Ortiz.

El Servicio de Alguaciles Federales para el Distrito de Puerto Rico tomará medidas adicionales para salvaguardar la seguridad del boxeador Félix G. Verdejo Sánchez, ahora acusado por la muerte de la joven Keishla Marlen Rodríguez Ortiz.

La determinación comunicada por las autoridades federales llega tras amenazas de muerte al púgil, que se encuentra recluido en un institución carcelaria de Guaynabo.

«El Servicio de Alguaciles Federales no tolera, ni apoya ningún tipo de violencia contra cualquier ser humano… Nuestra agencia provee un trato seguro y humano, servicios medico y transportación a todo los prisioneros federales a través de todos los Estados Unidos y sus territorios”, dijo Wilmer Ocasio Ibarra, alguacil de Puerto Rico en declaraciones escritas que cita Telenoticias, luego de que se conocieran amenazas mediante las redes sociales.

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Ayer, la primera vista del caso contra el boxeador culminó con la determinación de la magistrada federal Camille Vélez Rivé, de que este debía permanecer preso sin fianza debido a que la fiscalía podría solicitar la pena de muerte y aún no se había asignado un abogado al púgil experto en pena de muerte. Horas más tarde, compareció el licenciado David Ruhnke como licenciado experto en esa área.

Verdejo Sánchez se entregó a las autoridades el pasado domingo en horas de la noche, tras información que trascendió de que tanto en la esfera federal como en la estatal, habrían arrestos.

Posterior a su entrega, las autoridades federales hicieron pública la denuncia en su contra, en la que señalan al púgil como el autor del atroz crimen y describen que este golpeó a la joven de 27 años, le inyectó una droga, le amarró bloques y luego la lanzó por el Puente Teodoro Moscoso.

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El cuerpo de Keishla Marlen, que estaba embarazada el boxeador, fue encontrado el sábado, tras confidencias, en la laguna San José que ubica debajo del referido puente.

Verdejo Sánchez enfrenta tres cargos a nivel federal: secuestro con muerte, carjacking con muerte y muerte de una persona no nacida. Las autoridades estatales, por su parte, no han descartado radicar cargos por asesinato contra el púgil.

Tampoco descartan que hayan más acusaciones relacionadas a este caso.