El secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Jean Peña Payano, sin embargo, dejó entrever que podría producirse una apelación a la determinación del pasado viernes.

Ante el pronto vencimiento del plazo de 48 horas establecido el pasado viernes por la jueza Iris Cancio González para que el Departamento de Hacienda entregara al Senado de Puerto Rico los documentos solicitados en relación al caso en que la figura central es el contratista gubernamental, el licenciado Antonio Sagardía, La Fortaleza dijo que no tiene información si los mismos fueron entregados.

Así lo informó el secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Jean Peña Payano, durante la conferencia de prensa de hoy, en la que fue abordado sobre el tema en múltiples ocasiones.

Peña Payano, sin embargo, dejó entrever que podría producirse una apelación a la determinación del pasado viernes.

«Es una determinación que hace Hacienda através de Justicia y obviamente yo no tengo ninguna comunicación, ni La Fortaleza, sobre esa determinación de si van a cumplir o no. Justicia estará comunicado si estará cumpliendo o estará apelando la determinación. Es una facultad que ellos tienen como partes en el caso», expresó Peña Payano.

«Fortaleza no es parte en el pleito. Eso es el Departamento de Hacienda y Justicia como abogado», añadió.

La jueza otorgó 48 horas para cumplir con la entrega de documentos. El plazo vencerá el martes.

Cancio González declaró el pasado viernes no ha lugar la moción de reconsideración presentada por el Departamento de Hacienda y ordenó a la agencia entregar al Senado los documentos solicitados.

El Senado, y así lo recalcó su representación legal en una vista judicial la semana pasada, únicamente quiere saber si Sagardía ha radicado o no ante Hacienda informativas sobre retenciones realizadas a personal que pudo haber trabajado en su nombre para cumplir con ciertos contratos gubernamentales.

Sagardía tiene contratos con los departamentos de Educación, Hacienda y Familia, además de la Autoridad de Energía Eléctrica y la Autoridad de las Alianzas Público Privadas. En algunos contratos se han incluido cláusulas que no le permiten subcontratar a menos que la dependencia lo autorice.

Hacienda reclamó que la petición del Senado no es razonable porque pretender obtener información de carácter confidencial, además de que vulnera los derechos de terceros, entiéndase posibles abogados que hayan trabajado en casos otorgados al también exsecretario de Justicia.

“No le asiste la razón”, indicó la jueza al señalar que el Senado no pide información protegida ni datos que revelen los ingresos de Sagardía.

“La información solicitada en este caso se limita a conocer si Sagardía preparó formulario W-2 o 480 y, de contestarse en la afirmativa, a identificar a nombre de quien se expidieron”, lee la resolución.

“La petición no requiere el contenido de dichos formularios ni solicita dato personal o económico alguno de Sagardía o de los empleados o contratistas de este que pueda generar una expectativa de intimidad constitucionalmente protegida”, añadió la magistrada.

La jueza concluyó que el Senado posee un interés legítimo en requerir documentos de esta índole “con el fin de fiscalizar la utilización de fondos públicos”. Agregó que la información solicitada no es de un ciudadano privado “sino de un contratista gubernamental sujeto a la supervisión de la Rama Legislativa”.