Puerto Rico vive una crisis de violencia. En pocos meses, el país se ha sacudido con diferentes tipos de asesinatos.

Félix Plaud de Choudens salió a contestar una llamada en Guayama y no regresó. A la mañana siguiente, el abogado Luis Quiñones González fue baleado en Ponce al salir del tribunal, mientras su esposa veía el ataque por el espejo retrovisor.

Horas después, William Noel Rivera Sánchez, quien confesó ambos crímenes en un video de Facebook, se quitó la vida cuando la Policía llegaba a arrestarlo. Tres muertes en menos de un día. Tres familias destrozadas. Y un país que, en lugar de detenerse a reflexionar, piensa que puede juzgar quién y cómo debe vivir o morir una persona.

Desde el trabajo social, el punto de partida es la dignidad humana. Nuestro Código de Ética lo establece sin ambigüedad: respetamos la dignidad de todas las personas. De todas. En estos casos, no existe una jerarquía del dolor. La esposa del licenciado Quiñones González vio por el espejo retrovisor cómo le arrebataban la vida a su compañero, una imagen que ninguna persona debería cargar.

La familia de Félix Plaud lo buscó durante horas mientras un video en las redes sociales anunciaba su muerte antes de que las autoridades la confirmaran. Hay hijas, hijos, madres y hermanos que hoy enfrentan un duelo traumático, expuesto al escrutinio público y a la crueldad de los comentarios. La familia de quien causó el daño también vive un duelo, atravesado por la vergüenza y el estigma; ni siquiera habrá exequias. Nadie merece morir así, y ninguna de estas familias merece cargar sola con lo que vino después.

Estas muertes no surgieron en un vacío. Puerto Rico vive una crisis de violencia. En pocos meses, el país se ha sacudido con diferentes tipos de asesinatos. Un baby shower en Dorado terminó en tiroteo. Los feminicidios seguidos del suicidio del agresor se repiten.  

La Policía admite que casi un tercio de los asesinatos responde a venganzas y rencillas. Vivimos, en cierta forma, determinados por una gramática social violenta, caracterizada por reglas no escritas que nos enseñan que quien ofende paga, que quien debe tiene que ser castigado y que la fuerza es una forma legítima de hacerse escuchar.

Esa gramática no es un asunto exclusivo de la calle o de los valores personales. Vive en las redes, donde se amenaza con un arma sobre la mesa. Vive en un debate político que se conjuga en clave de guerra, donde quien piensa distinto es enemigo y la humillación se celebra como victoria. El lenguaje violento en el espacio público no mata directamente, pero normaliza la idea de que ciertas personas son enemigas, merecen castigo o valen menos. Cuando líderes, figuras públicas o redes repiten ese discurso, alguien en una situación de desesperación o rabia puede interpretarlo como un permiso para pasar de la palabra a la acción.

Hay otra capa. Esta historia tenía como escenario un tribunal donde habían unas disputas por dinero. Nada justifica lo ocurrido. Nada. Sin embargo, la pregunta es inevitable: ¿qué ocurre en la mente de una persona el día en que decide que la vía legal ya no le alcanza? Nuestras salas civiles leen los conflictos como expedientes: una cuantía, un término, un acuerdo incumplido.

Detrás de cada reclamo hay una persona. En muchas ocasiones quienes dirigen estos procesos judiciales se centran en los reclamos y se olvidan de las personas que litigan en sus salas. Más allá de las reclamaciones, es importante mirar humanamente a las personas litigantes y ya es tiempo que el sistema de justicia deje de funcionar pensando que el derecho es rogado para poder acompañar dinámicas humanas que están detrás de los casos que se litigan.

Otra dimensión de este caso es que tampoco podemos convertir las acusaciones de quien asesinó en verdad probada. Son la versión de alguien que ya no puede ser interrogado, sobre dos personas que ya no pueden defenderse.

Desde el trabajo social propongo otra ruta. Primero, adiestramiento al funcionariado judicial sobre aspectos de la salud mental en las salas civiles, de cobro y de quiebras, no solo en las de familia y criminal. Segundo, protocolos de cernimiento de riesgo cuando un litigio económico muestre señales de desesperanza o amenazas. Tercero, mediación gratuita y accesible. Cuarto, atender la violencia como asunto de salud pública. Finalmente, acompañamiento psicosocial para las tres familias.

Una de las tres víctimas fue una figura polémica en el país. Eso no hace menos dolorosa su muerte. Estas muertes no son motivo de burla. No son material para memes. No son ocasión para ajustes de cuentas partidistas. Un activista, un abogado y un hombre desesperado ya no están. Puerto Rico merece dejar de consumir la violencia como espectáculo y empezar a prevenirla en todos los niveles de nuestra estructura social.