La empresa busca participar en la evaluación de la renovación del permiso de operación y cuestiona que el Municipio haya expandido la celda C hacia terrenos destinados a conservación.

Caribbean Golf Academy solicitó al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) iniciar un proceso administrativo adjudicativo sobre la renovación del permiso de operación del vertedero de Carolina, en cumplimiento con un dictamen del Tribunal de Apelaciones y en reconocimiento de sus derechos como parte opositora a la expansión de la instalación.

El ingeniero Luis Rivera Ortiz, presidente de Caribbean Golf Academy y Hacienda Campo Rico, ambas entidades colindantes con el relleno sanitario, sostuvo que el procedimiento debe considerar las alegadas irregularidades relacionadas con la ampliación del vertedero y sus efectos sobre las propiedades cercanas.

«Formalmente, estamos solicitando que se haga el proceso adjudicativo con todos los derechos aplicables porque no solamente somos colindantes, sino que hemos sido afectados directamente dado que la expansión ha impactado nuestra propiedad», expresó Rivera Ortiz.

Según explicó, la empresa espera que durante el proceso se examinen tres asuntos: la legalidad de ampliar el vertedero mediante la renovación de un permiso vencido, el alegado incumplimiento del Municipio de Carolina y su operador, Landfill Gas Technologies, con las condiciones del permiso, y la operación de la instalación en terrenos sujetos a protección especial por ley.

Rivera Ortiz indicó que la expansión de la celda C habría impactado unas 17 cuerdas de la Zona de Amortiguamiento, un terreno de 35 cuerdas que, según sostuvo, tiene un alto valor ecológico por sus características cársticas y su ubicación dentro del Área de Planificación Especial del Bosque Estatal de Piñones.

Añadió que el predio también alberga recursos históricos y especies en peligro de extinción, por lo que entiende que su utilización para ampliar el vertedero requiere una evaluación ambiental que incluya una Declaración de Impacto Ambiental (DIA).

El empresario cuestionó, además, que el Municipio de Carolina no informara a las agencias evaluadoras, durante las solicitudes de renovación de 2011 y 2024, que la expansión de la instalación se dirigiría hacia la Zona de Amortiguamiento.

Según Rivera Ortiz, ese terreno había sido destinado por el propio Municipio a fines de conservación y como medida de mitigación ante los impactos ambientales asociados con la construcción de la celda C.

Alegó que el proyecto presentado ante la Junta de Planificación contemplaba una celda de 10 cuerdas en un área previamente impactada por las operaciones históricas del vertedero.

También señaló que el Municipio no ha precisado cuántas cuerdas de la Zona de Amortiguamiento han sido afectadas ni ha presentado mensuras con coordenadas específicas que permitan establecer los límites de la expansión.

«Lo mínimo que yo espero es que el DRNA tenga toda la información relevante antes de tomar una decisión final sobre la renovación solicitada», manifestó.

Rivera Ortiz reclamó que la agencia no valide la expansión mediante la renovación del permiso de operación y que, en cambio, requiera el proceso de evaluación ambiental correspondiente, detenga las actividades que considera ilegales y exija medidas para mitigar los daños.

El presidente de ambas compañías reiteró que no se opone a la operación del vertedero si cumple con las leyes y los reglamentos, pero mantiene su objeción a la expansión hacia la Zona de Amortiguamiento por sus posibles consecuencias ambientales y el impacto sobre sus actividades ecoturísticas.