El Departamento de Corrección y Rehabilitación removió esta semana de sus puestos a unos 14 superintendentes correccionales nombrados por la pasada administración, y ha emprendido un patrón de acoso laboral contra algunos oficiales correccionales de rango, aseguraron fuentes dentro de la dependencia a NotiCel.

Las acciones del secretario de Corrección, José R.Negrón Fernández, ocurren en momentos en que la Unión Americana de Derechos Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), anunció que se propone retomar investigaciones de violaciones de derechos civiles contra confinados ante informes periodísticos que señalan el posible uso de fuerza excesiva.

NotiCel supo que el miércoles, la directora de la Oficina de Personal, identificada como Rosa Conde, citó a los superintendentes afectados y le entregó cartas notificándoles de su destitución.

Aunque los empleados permanecerán en sus puestos, ya que tienen derecho a una vista de reconsideración, NotiCel supo que ya el Departamento había nombrado ‘superintendentes interinos’ cónsonos con el partido de poder. ‘En algunas cárceles habían dos y tres superintendentes correccionales (jefes de prisión) como la cárcel de Guerrero en Aguadilla,’ aseguró la fuente.

NotiCel tuvo acceso a una de las cartas en que se le notificaba a uno de los empleados afectados que su nombramiento había sido hecho de forma irregular porque a su expediente le faltaban documentos, tal como la solicitud de empleo, evaluación de preparación y experiencia, certificación de elegibles y documentación relacionada con el registro de elegibles.

Una de las personas afectadas por la acción del secretario fue identificada como la Superintendente Ana López quien logró convertirse en la primera mujer capitana en el sistema correccional.

López fue ascendida a superintendente por el exsecretario de Corrección, Miguel Pereira, quien es ahora senador, para luego ser degradada a capitana por el exsecretario de Corrección, y actual alcalde de Arecibo, Carlos Molina, quien luego la volvió a nombrar superintendente. El sucesor de Molina la degrada nuevamente a capitana. López compitió nuevamente para el puesto y fue ascendida. No obstante, a pesar de tener un laudo para que la nombraran superintendente, Negrón la removió de su puesto nuevamente.

‘Muchos de estos superintendentes interinos no cumplen con los requisitos para el puesto’, aseguró la fuente.

Los trabajadores afectados no son empleados de confianza sino empleados regulares por lo que la agencia se expone a ser demandada en los tribunales por sus acciones.

Las acciones de la agencia no se limitan a los superintendentes. La fuente aseguró que unos 20 oficiales de rango están sufriendo un patrón de acoso laboral ya que la agencia los ha asignados a puestos de trabajo lejos de sus hogares.

Una de estas personas fue identificada como el Teniente Héctor León quien vive en Santa Isabel pero fue asignado a Río Grande en aparente represalia por haber denunciado un acto de maltrato contra un confinado. Otro oficial, identificado como Joel Velázquez, laboraba en Aguadilla y fue transferido a Ponce.

‘Esto se ve en la Policía de Puerto Rico pero esto no ocurre Corrección’, aseguró la fuente.

Las acciones del Departamento de Corrección fueron reveladas en momentos en que la ACLU anuncia que retomará investigaciones sobre abusos y atropellos en las cárceles del país luego de que un rotativo reportara acerca del uso indiscriminado de pistolas paralizantes de carga eléctrica contra confinados en sus celdas.

La ACLU también expresó preocupación por otro reportaje, aparecido en El Vocero, en donde unos 14 confinados y la familia de un confinado muerto se quejaron del uso de fuerza excesiva.

La fuente aseguró a NotiCel que hay unos 150 confinados en Bayamón que se mantienen en huelga de hambre en protesta por alegados abusos.

‘Estos reportajes se suman a querellas previas recibidas por la ACLU, mediante declaración jurada, sobre el uso desmedido de gas pimienta dentro de las celdas de los confinados como forma de castigo. Todas las querellas están relacionadas a las instituciones carcelarias en Bayamón’, dijo la ACLU en un comunicado.