PR es campo de batalla en guerra económica.

No es algo que se vea todos los días, ni siquiera que mucha gente conozca que está pasando, pero está pasando. Puerto Rico es uno de los campos de batalla en la guerra económica que mantiene el gobierno de los Estados Unidos con Venezuela y que ya ha producido, en Texas y Florida, 34 acusaciones contra individuos desde 2015.

En la isla no se han producido acusaciones todavía, pero han ocurrido allanamientos de alto perfil en al menos dos instituciones de banca extranjera que operan desde Puerto Rico y que, según documentos radicados en el tribunal, estarían bajo investigación por tramitar transacciones que están prohibidas por las sanciones económicas que ha promulgado la presidencia de los Estados Unidos y que se han recrudecido bajo el mandato de Donald Trump.

Lo que pocos saben es que esas prohibiciones no solo aplican a instituciones financieras, aplican tambien a individuos que pudieron haber hecho transacciones de negocio con personas o entidades controladas por el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, funcionarios del gobierno del presidente Nicolás Maduro o por la compañía estatal Petróleos de Venezuela, S. A. (PDVSA).

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‘Las sanciones son extremadamente amplias y han sido difíciles de implementar para la banca porque son tan amplias y porque han evolucionado y cambiado en múltiples ocasiones durante los últimos años’, comentó el licenciado Andres Fernández, socio del bufete Holland & Knight y especialista en asuntos de antilavado de dinero y en la Oficina Federal de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en ingles). Fernández es uno de tres expertos que ofrecerán un seminario sobre las sanciones este martes en San Juan.

Las sanciones comenzaron en marzo de 2015 con el presidente Barack Obama, pero el 25 de enero de 2019 el termino ‘Gobierno de Venezuela’ fue ampliado para incluir personas que ‘han actuado o han representado actuar, en nombre del Gobierno de Venezuela, incluyendo miembros del regimen de Maduro’, explicó la OFAC. Además, el 5 de agosto de 2019 la sanción volvió a evolucionar para convertirse en un bloqueo, que quiere decir que ninguna persona en Estados Unidos puede traficar con bienes o propiedades pertenecientes a entidades o personas que caigan bajo la definición de ‘Gobierno de Venezuela’.

Esta misma semana, el presidente venezolano dijo que ‘denunciamos la imposición de políticas económicas, financieras y comerciales como actos de agresión con un efecto tan devastador como las acciones militares’. ‘Y es que hoy por hoy las agresiones económicas y financieras de algunas potencias son tan letales como sus ejercitos’, agregó.

Aunque declinó discutir los casos de Bank of San Juan International y South Bank International LLC que están activos en San Juan, Fernández rechazó que las autoridades federales esten moviendose en contra del sistema bancario de la Isla. Lo que sí planteó es que, por localización geográfica, por la presencia de clientes venezolanos y por la posibilidad de que los bancos tengan filiales en Venezuela o haciendo negocio con Venezuela, Puerto Rico es uno de los lugares más expuestos a posibles violaciones de las sanciones, tal como lo está el sur de Florida y Nueva York.

‘No es que los bancos (en Puerto Rico) hayan hecho algo malo’, apuntó.

‘Cualquier ciudadano de Estados Unidos, no solo bancos, cualquier persona con una tarjeta verde, o cualquier persona físicamente en los Estados Unidos o con cuenta de banco en Estados Unidos, tienen que saber con quien están haciendo negocio’, dijo Fernández al explicar la amplitud de las sanciones.

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Si alguien violenta la prohibición, explicó, se expone a multas, penalidades y hasta casos criminales. Se trata de casos de responsabilidad estricta que quiere decir que no hay atenuantes, si violentó la prohibición enfrentará un castigo económico que, como mínimo, es el valor de la misma transacción prohibida. Por ejemplo, si alguien hizo un negocio de $1 millón de dólares en violación a la prohibición, será responsable de pagar al Gobierno de los Estados Unidos por lo menos $1 millón de dólares en penalidades.

‘Todo esto puede cambiar de un plumazo’, subrayó al recordar que las sanciones son una decisión de política del Ejecutivo de los Estados Unidos que podría cambiar en cualquier momento.

El seminario Constantly Changing Landscape of Sanctions Compliance es presentado por FINCAdvisors este martes en el Popular Center con la participación tambien de Tim White, vicepresidente de Desarrollo de Negocios y Sanciones en AML RightSource, y la presidenta de FINCAdvisors, Marilu Jimenez.