El Departamento de Justicia lleva a cabo una segunda investigación para determinar si otro sacerdote de la Diócesis de Caguas cometió actos de pederastia contra un menor en esa región eclesiástica.

La información fue confirmada a NotiCel por el jefe de los Fiscales, José Capó, a través del portavoz de Justicia, Miguel Pereira, justo un día después que las autoridades estatales y federales presentaran cargos contra el cura Israel Berríos Berríos por tráfico sexual y actos lascivos contra un niño.

Aunque este medio digital intentó conversar con Capó, su oficial de prensa informó que como la pesquisa está en proceso no se ofrecerían más detalles.

Esa investigación inició a raíz de los documentos que el obispo de Caguas, Rubén Antonio González Medina, entregó a las autoridades civiles hace cuatro meses cuando se le requirió documentos de denuncias sobre conductas sexuales a menores por parte de líderes religiosos.

‘Se está investigando otro caso para ver si cae bajo la pederastia o no. Toda esta información también se ha enviado a Roma. Le corresponde a ellos (Departamento de Justicia) determinar qué pasará porque las leyes han cambiado’, indicó González Medina en entrevista con NotiCel.

De los presuntos hechos, el obispo rechazó, también, entrar en detalles, pero sí confirmó que el cura fue suspendido de parroquia que dirigía. Tampoco detalló dónde ubica la Iglesia donde era párroco.

‘Cuando yo recibo una querella contra un sacerdote por situación de abuso sexual, la Iglesia tiene un protocolo e inmediatamente se le suspende del ministerio’, explicó el líder de la Diócesis en Caguas al agregar que no se separa de sus funciones a la persona señalado porque algunas querellas pueden ser falsas.

‘Hay ocasiones que no son ciertas y por eso no se suspende a la persona hasta que se compruebe la denuncia’, sostuvo sobre el particular.

Sobre el traslado de Berríos Berríos, quien era párroco de la Iglesia San Andrés en Naranjito hasta enero 2013, cuando fue separado de sus trabajos sacerdotales, comentó que la reasignación se hizo como un ejercicio común en la región que dirige.

‘A él no se le trasladó a esa parroquia por haber cometido los actos, sino que era el momento de los traslados. De yo haber sabido en aquel entonces lo que había sucedido, ciertamente no hubiera estado ejerciendo el ministerio’, aclaró.

Dijo, además, que como obispo de la diócesis implementó una norma que establece que cada seis años se hacen unos ajustes y se reasigna la misión sacerdotal a los curas.

Lamentó, también, la detención del sacerdote, a quien consideró uno de sus hijos en la fe cristiana.

‘Es un hecho triste y pedimos perdón a la familia del joven que pasó por esto. Insistimos en que la Iglesia mantiene cero tolerancia ante los abusos sexuales cometidos contra los niños y jóvenes’, subrayó.

De la misma forma, González Medina defendió el liderazgo y soberanía que cada obispo en la isla tiene sobre su diócesis.

Al ser cuestionado sobre el pleito legal que mantiene el obispo de Arecibo, Daniel Fernández Torres, quien rechaza entregar a Justicia información de víctimas de agresión sexual en su jurisdicción, González Medina opinó que cada líder eclesiástico trabaja diferente.

‘Nosotros respondemos directamente a la Santa Sede. Por eso cuando suceden situaciones con los demás obispos nosotros guardamos silencio. Lo que en una región conviene hacer, pues tal vez en otra no conviene hacerlo’, apuntó el jefe de la Diócesis de Caguas.

‘El obispo de Arecibo defiende el acuerdo de confidencialidad, porque a él las personas involucradas no le han autorizado a dar al información. Entonces eso le ata. Él es fiel a lo que se le pide’, puntualizó.

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