Dos ejecutivos de Learn Aid están también al centro de otras tres empresas con contratos públicos y uno es donante del gobernador Pedro Pierluisi Urrutia.

La empresa Learn Aid LLC, promovente de la escaramuza judicial que provocó que las Pruebas de Cernimiento, Revisión y Evaluación Continua del Estudiante (CRECE) que se administran en el Departamento de Educación (DE) fueran paralizadas, tiene en su cúpula a dos ejecutivos que están detrás también de otras tres corporaciones con contratos públicos, y uno es donante del gobernador Pedro Pierluisi Urrutia.

Las pruebas se reanudan hoy con un atraso de tres días después de que el Tribunal de Apelaciones inicialmente las paralizara a solicitud de Learn Aid, que no resultó favorecida en la evaluación para la adjudicación del contrato bajo el que las pruebas se administrarán el próximo año escolar.

Learn Aid ejerció su derecho a reconsideración, y a revisión del apelativo, dentro del tiempo que el proceso le provee. Pero Educación comenzó el RFP en diciembre, una fecha más tarde que en otras ocasiones en las que ha evaluado propuestas para pruebas y también una fecha con la que se podía prever que la impugnación ocurriría justo cuanto las pruebas se estaban administrando.

La persona a cargo de Learn Aid es Roberto de Jesús Juarbe, quien también es la persona a cargo de otras entidades corporativas, de las cuales tres tienen contratos públicos: Novotek Data Solutions, Inc.; Neos, Corp.; y Professional Consulting Psychoeducational Services, LLC.

En los contratos públicos, sin embargo, no es De Jesús Juarbe quien comparece en representación de las entidades privadas, sino Steven Joseph Delgado Hernández. Este último, a su vez, ha donado $7,600 al Comité Pedro Pierluisi, Inc., desde 2022 hasta enero de este año, según registros de la Oficina del Contralor Electoral.

Desde 2010, Professional Consulting Psychoeducational Services tiene contratos con valor de $42.9 millones con el DE, DCR, Departamento de la Familia (DF), Departamento de Justicia (DJ), Administración de Instituciones Juveniles (AIJ) y la Administración de Vivienda Pública (AVP).

Desde 2011, Novotek tiene contratos con valor de $5 millones con el DE y San Juan para distintos servicios.

Desde 2016, Learn Aid tiene contratos con valor de $4.1 millones para servicios educativos o consultivos con el DE, el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), y los municipios de San Juan, Cayey, Coamo, Villalba y Luquillo.

Desde 2019, Neos tiene contratos con valor de $3.7 millones con el DE para adiestramientos y orientaciones.

Learn Aid, Neos, Professional Consulting Psychoeducational Services y el comité de Pierluisi Urrutia son inquilinos del mismo edificio en Miramar.

El tribunal dejó sin efecto su orden de paralizar las pruebas el viernes después de que el Procurador General sometió una solicitud “urgentísima” responsabilizándolo por las consecuencias que podía traer su orden de suspensión, incluyendo la pérdida de cientos de millones de dólares en fondos federales y la posibilidad de que a la agencia se le designe como un recipiente de “alto riesgo” en cuanto a dichos fondos federales.

El procurador Fernando Figueroa Santiago añadió que la propuesta de Learn Aid era $33.8 millones más cara que la de su competidor, Pearson PEM PR, Inc., y que Educación, “dentro de su conocimiento especializado, analizó el cumplimiento con los requisitos del RFP y decidió que la propuesta de Learn Aid no se ajusta a sus requisitos particulares y las necesidades de la agencia en este momento”.

Por su parte, para obtener la paralización, Learn Aid había expuesto que la agencia tomó en cuenta documentos incorrectos de la matriz de Pearson fuera de Puerto Rico que no está autorizada a hacer negocios aquí para así, de forma “arbitraria”, concederle a Pearson la puntuación suficiente para que pudiera cualificar para ser considerados en el proceso de requerimiento de propuestas (RFP en inglés).

Para el procurador, con estos argumentos Learn Aid solo “intenta realizar distinciones superfluas con el único propósito de esquivar el hecho de que su propuesta es $33.8 millones mayor que la de Pearson”.

La reanudación de las pruebas no quiere decir que el tribunal ya adjudicó en contra de Learn Aid. De hecho, las partes tienen hasta este miércoles para someter escritos adicionales antes de que el tribunal considere el caso sometido y decida.

No es la primera vez que Learn Aid y Pearson se enfrentan por la administración de las pruebas estandarizadas de aprovechamiento académico en el DE.

Vea:

Reinstalan las pruebas CRECE para evitar “daño irreparable” a los estudiantes