El Senado evalúa cuatro proyectos.

Cuatro proyectos del Senado que buscan establecer un salario base para los bomberos, los auditores del Departamento de Hacienda, los técnicos de Manejo de Emergencias y los técnicos de Emergencias Médicas quedaron en suspenso luego de que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) concluyó que violaban el Plan Fiscal y presupuesto certificado por no tener una fuente de repago.

En cambio, la directora ejecutiva del ente fiscal, Natalie Jaresko, propone al presidente de la Comisión de Hacienda, Asuntos Federales y Junta de Control Fiscal, Juan Zaragoza Gómez, esperar a que culmine la reforma del servicio público que trabaja con el Gobierno y que se implementará mediante un programa piloto, cuya fecha no precisó. La misiva enviada a Zaragoza Gómez el 15 de julio tampoco indica el estado de ese proceso de revisión de salarios.

Las cuatro medidas presentadas por los senadores del Partido Popular Democrático, Ramón Ruiz Nieves y Rubén Soto Rivera, y el senador del Partido Nuevo Progresista, William Villafañe, establecen un salario básico para los auditores de $2,500 mensuales y de $2,250 para los bomberos y los técnicos de Manejo de Emergencias y Manejo de Emergencias Médicas.

Los proyectos no consignan el salario base actual de estas funciones, pero el salario base de un bombero asciende a $1,500 al mes, mientras que un auditor empieza ganando $1,416 mensuales.

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“Como es de su conocimiento, la Junta ha estado trabajando en colaboración con el Gobierno para reformar los sistemas de compensación y remuneración del servicio público de acuerdo con el Plan Fiscal. El Plan Fiscal requiere que el Gobierno desarrolle un plan integral de capital humano con un enfoque que garantice la presentación de informes financieros oportunos y ajustados a la realidad”, apuntó Jaresko en la carta de tres páginas.

“Este plan utilizará datos y análisis para atender asuntos como la alineación estratégica, el manejo del capital humano, el desempeño y la evaluación. El Gobierno también debe iniciar un programa piloto de reforma del servicio público para desarrollar una estrategia efectiva y sostenible para enfrentar los desafíos futuros de la presentación de informes financieros y como parte integral del proceso de revisión de salarios, descripciones de puestos y otras métricas críticas de empleos críticos”, agregó.

En la carta, Jaresko señaló que el Plan Fiscal propone que durante este año se implemente un programa de tiempo y asistencia, que constituirá una pieza clave para entender los “verdaderos” requisito de la nómina gubernamental.

El asunto de la integración del pago de la nómina con los programas de asistencia de los empleados ha sido un reclamo constante de la JSF, que el año pasado divulgó que el Departamento de Educación -durante 13 años- desembolsó $84.2 millones en salarios a empleados y empleadas que no contaban con los balances de licencias necesarios para tomar tiempo libre, no registraban el tiempo trabajado o sencillamente no trabajan en la agencia. Para obligar a la agencia a adoptar una política pública de recursos humanos integrada, a inicios de ese año congeló $30 millones de su presupuesto de nómina. Liberó el dinero en abril cuando la agencia integró las plataformas y mejoró la supervisión del tiempo de trabajo de su plantilla.

La funcionaria agradeció que el Senado consultara al ente fiscal al inicio de la evaluación de las medidas, que solicitó no fueran aprobadas.

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Previamente Jaresko, quien devenga un salario anual de $625,000 y también cuenta con carro, chófer y escolta pagados con fondos públicos, ha rechazado medidas que procuran mejorar los paupérrimos salarios que devengan muchos empleados gubernamentales y que distan de la cómoda remuneración que recibe. Por ejemplo, el salario de Jaresko permitiría pagar el salario anual propuesto de $30,000 al año de 20 auditores, que en este momento escasean en el Departamento de Hacienda precisamente por la mala paga, según trascendió en las vistas de transición gubernamental celebradas en diciembre pasado.

La plataforma del PNP reconoce la precarización laboral y promete justicia salarial para los empleados y empleadas gubernamentales.

NotiCel procuró una reacción de Zaragoza Gómez, pero al momento de publicación no había respondido a la petición.

Mira la carta de la JSF y los cuatro proyectos del Senado aquí.