El secretario general del Partido Popular Democrático (PPD), Victor Suárez, emplazó hoy al gobernador Luis Fortuño a que le de una oportunidad de explicarse al agente que le solicitó la renuncia al Superintendente de la Policía del mismo modo que se la habría dado al representante José Luis Rivera Guerra, a quien se le señala por construir una casa sin permisos, sin notificar al CRIM y sin contadores de agua y luz.
‘Es altamente cuestionable que hayan suspendido de empleo y sueldo al agente Harold Ortiz sin tan siquiera darle una oportunidad de explicar, más sin embargo al representante Rivera Guerra le han dado todas las oportunidades y tiempo para explicar su vergonzoso escándalo. Debería utilizarse la misma vara en todos los casos, pero obviamente este es otro ejemplo que evidencia que Fortuño protege a los amigos del poder’, sentenció Suárez.
Ortiz fue suspendido de empleo y sueldo de forma sumaria después de que le gritó ‘renuncia’ al superintendente de la Policía, Emilio Díaz Colón, desde el altoparlante de una patrulla policial.
‘Este Gobierno autorizó de inmediato que se suspendiera al agente acusándolo de insubordinación y mala utilización de propiedad del Gobierno sin escuchar su versión, pero le ha dado dos semanas a Rivera Guerra para que explique su conducta, y no toma ninguna acción al respecto. Esta administración solo sanciona a los que no son parte del grupo de amigos del Gobernador’, manifestó Suárez en declaraciones escritas.
‘A quien deberían suspender de empleo y sueldo es al Gobernador por no tomar acción contra el representante Rivera Guerra y por no despedir al Superintendente a quien parece proteger, jugando así con la vida y seguridad de los puertorriqueños’, subrayó Suárez.
El representante José Luis Rivera Guerra finalmente reaccionó anoche a las diversas imputaciones que enfrenta sobre la dudosa legalidad de los servicios y permisos de sus propiedades, asegurando que el miércoles cumplirá con la entrega de documentos que le fueron requeridos por la presidenta de la Camara de Representantes, Jennifer González, la semana pasada, y ayer por el gobernador Luis Fortuño. Mientras la Inspectora General de Permisos, Jennifer Mayo, informó el lunes que su Oficina ya comenzó las investigaciones de rigor para verificar el cumplimiento con las leyes y reglamentos relacionados a la construcción y uso de sus propiedades.
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