Un tribunal federal de Nueva York ordenó al Gobierno de EE.UU. que desclasifique información sobre el análisis legal previo el ataque con ‘drones’ que terminó con la vida de Ayman al Awlaki, un estadounidense de origen yemení y exlíder de Al Qaeda en la península Arábiga, se informó este martes.

La decisión, tomada el lunes por un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones, revisa parcialmente un fallo anterior sobre la demanda presentada por la Unión de Libertades Civiles (ACLU) y el diario The New York Times.

Ambos quieren que la Administración del presidente, Barack Obama, haga públicos los argumentos legales que se utilizan para atacar a supuestos terroristas en el exterior, incluso de nacionalidad estadounidense.

La documentación no se facilitó ni siquiera a los miembros del Congreso encargados de supervisar las actividades de los servicios de inteligencia hasta 2013, cuando los senadores amenazaron con bloquear la confirmación de John Brennan como director de la CIA.

Al Awaki murió en 2011 como consecuencia de un ataque con ‘drones’ de EE.UU. y es por ahora el único estadounidense que la Casa Blanca reconoce haber matado a propósito con ese tipo de aviones no tripulados.

El clérigo, nacido en Nuevo México (EE.UU.) y de familia yemení, estaba considerado como el cerebro de varios planes terroristas contra Estados Unidos, entre ellos el intento de hacer volar con un suicida un avión con destino a Detroit en 2009.

En mayo de 2013, Obama aseguró que habría faltado a su deber de no haber autorizado el bombardeo contra Al Awlaki en septiembre 2011, la primera vez desde la Guerra Civil (1861-65) en la que el Gobierno reconoce haber dado muerte a un estadounidense por considerarlo un enemigo.

En su fallo, el tribunal reconoce hacer pública información sobre el análisis jurídico de un ataque puede poner en peligro la operación, pero subraya que ese no es el caso, dado que ‘los ataques con ‘drones’ y los asesinatos selectivos se ha reconocido públicamente a los niveles más altos del Gobierno’.

Para la Unión de Libertades Civiles, la decisión es ‘una victoria del sentido común.

‘Este es un claro rechazo al esfuerzo del Gobierno para usar el secreto y la publicación selectiva para manipular a la opinión pública sobre el programa de asesinatos selectivos’, señaló en nombre de la organización Jameel Jaffer.