Un padre, sus dos hijos y su yerno, figuran entre las personas arrestadas durante un operativo que inició en horas de la madrugada del lunes en la comunidad Mantilla de Isabela dirigido a diligenciar órdenes de arresto contra 16 personas, informó el fiscal Víctor Carbonell, director del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) del Departamento de Justicia (DJ).

El funcionario indicó en declaraciones escritas que los arrestos son el resultado de un trabajo realizado por agentes encubiertos del NIE, que lograron la confianza de José A. González Cordero y de su familia.

La investigación duró 10 meses, en la misma se realizaron 15 transacciones de sustancias controladas. Esta investigación se originó, debido a las quejas de la misma comunidad Mantilla en donde indicaban que se estaba utilizando los predios de la cancha de baloncesto para el trasiego de sustancias controladas, lo cual atemorizaba a los niños y jóvenes que utilizaban las instalaciones deportivas.

Carbonell explicó que se presentaron 26 denuncias de compras de marihuana, cocaína y crack que realizaron los agentes encubiertos.

De estas, 16 denuncias fueron sometidas por violar el Artículo 401 de distribución o posesión con intención de distribuir sustancias controladas, siete por el Artículo 411 de empleo de menores en la transportación, fabricación, distribución o dispensación de sustancias controladas, también de la Ley de Sustancias Controladas y dos por el Artículo 404 de posesión de sustancias controladas de la misma Ley. Además, se radicó una denuncia por violación al Artículo 75 de maltrato de la Ley 177.

‘No sólo Tony (González Cordero) vendían droga cerca de una cancha para jugar baloncesto. Su hijo del mismo nombre (Antonio González Pérez) y su otro hijo Jason (González Pérez) y su yerno Carlitos, participaban en la venta de narcóticos. La investigación continúa. Seguimos investigando otras ramificaciones, así que no descartamos otros arrestos, indicó el fiscal.

Además, el Departamento de Hacienda (DH), impuso multas de 5 mil dólares a un negocio del sector La Marina por operar ilegalmente varias máquinas tragamonedas.

Los cargos fueron presentados por la fiscal Fabiola Acarón de la División de Crimen Organizado del DJ.

Mientras que los jueces Diómenes González Velázquez y Rafael Ramos Sáens, fijaron una fianza global de 1.7 millones de dólares.