Conoce los siete principios que el CNE entiende, deben guiar la Reforma Contributiva.

“Una reforma contributiva abarcadora implica múltiples y complicadas compensaciones entre los objetivos de generación de ingresos, eficiencia, simplicidad y equidad”, sostiene el Centro para una Nueva Economía (CNE) en un nuevo Informe de Política Pública en el que analiza el tema.

El escrito recuerda que la reforma que se está trabajando sería la cuarta o quinta «reforma contributiva» en Puerto Rico desde 2006 y que la cantidad de estas depende de cómo se defina «reforma contributiva».

Establecen que el sistema contributivo que tiene el país fue diseñado originalmente en la década de 1950, cuando Puerto Rico era una pequeña economía agrícola con un gran excedente de mano de obra, poco o ningún capital local y un mercado local poco desarrollado, y que se diseñó inicialmente para promover el desarrollo económico.

La realidad actual es otra y “con el paso del tiempo, el sistema fiscal ha evolucionado, a través de la acumulación lenta de legislación, hasta convertirse en una red compleja de tasas contributivas preferenciales superpuestas sobre múltiples créditos, deducciones, exclusiones y exenciones que en muchos casos no están justificados. Además, impone elevadas tasas marginales sobre los ingresos, haciendo recaer la mayor carga sobre la clase media”, afirman.

Reconocen que, definitivamente, se necesita una verdadera reforma contributiva. “Puerto Rico tiene un sistema fiscal que nadie habría diseñado conscientemente desde cero, es excesivamente oneroso de administrar y fiscalizar; es injusto, tanto en su dimensión horizontal como vertical; a menudo fomenta la asignación ineficiente de recursos; y desalienta ciertos tipos de actividad económica”, agregan.

Principios que deben guiar la reforma

El CNE enumera siete principios que entienden deben guiar cualquier esfuerzo para llevar a cabo una reforma contributiva en Puerto Rico.

El primero de ellos es que esa reforma debe ser abarcadora, lo que significa que todos los elementos del sistema contributivo -impuestos sobre el ingreso personal y corporativo, impuestos sobre las ventas, impuestos sobre el consumo e impuestos sobre la propiedad- deben estar sobre la mesa.

En segundo lugar se establece que el sistema contributivo debe proveer un financiamiento adecuado para el funcionamiento del gobierno, mientras que el tercer principio es la necesidad de ampliar la base impositiva.

“En términos sencillos, esto significa eliminar algunos de esos créditos, deducciones, exclusiones, exenciones y aplazamientos que han proliferado a lo largo de los años. La promulgación de todas esas ventajas contributivas ha dado lugar a un aumento de la complejidad del código contributivo; elevadas tasas contributivas marginales para compensar la erosión de la base impositiva y todo tipo de distorsiones en el proceso de asignación de capital”, indican. Dentro de ese contexto recuerdan que el Departamento de Hacienda identificó 424 gastos contributivos (esencialmente preferencias contributivas) en vigor durante el año fiscal 2018.

El cuarto principio que proponen es reducir las tasas contributivas marginales. Sostienen que investigaciones recientes en el campo de la conducta económica demuestran que las tasas contributivas marginales altas conducen a que la gente cambie sus actividades económicas y gaste considerables recursos tanto para evitar los impuestos legalmente como para evadirlos ilegalmente.

El quinto es simplificar el sistema, ya que el actual código contributivo es increíblemente complicado, sumamente injusto y terriblemente ineficiente.

A este le sigue la propuesta de hacer el sistema más justo y equitativo en dos dimensiones: la equidad entre los diferentes sectores de la sociedad y la equidad entre generaciones.

“El sistema contributivo de Puerto Rico falla en todas las dimensiones de la equidad. Para aumentar sustancialmente la equidad horizontal es necesario eliminar muchas de las ventajas contributivas que se han legislado de forma más o menos aleatoria y cuyo efecto es aumentar la desigualdad entre personas con la misma capacidad de pago. Ya en 2015, un análisis de KPMG identificó 83 ventajas contributivas para individuos, con un costo estimado para Hacienda de $1,138 millones. De esas 83, unas 53 fueron utilizadas por menos de 1,000 contribuyentes. La eliminación de todas o casi todas esas ventajas contributivas habría supuesto un aumento significativo de la equidad horizontal”, señalan.

El principio final, el séptimo, propone que hay que considerar los impuestos verdes. Se trata, indican, de impuestos sobre las actividades que son perjudiciales para el medio ambiente.

“Ayudan a reducir algunos de los efectos más nocivos de la actividad económica y proporcionan un incentivo para invertir en tecnología que respete al medio ambiente al obligar a los agentes del sector privado a internalizar los costos sociales de su contaminación”.

La reconocida entidad de análisis y propuestas económicas advierte que estarán pendientes de la reforma contributiva que se está diseñado en estos momentos, a la vez que ofrecen su disponibilidad para colaborar con los responsables del diseño de política pública “para que tengan éxito en este difícil acto de equilibrio”.