El represente José Rivera Madera solicitó al Destination Marketing Organizations (DMO, siglas en inglés) actualizar sus videos promocionales sobre la Isla para eliminar escenas en las que aparece la mansión del convicto a nivel federal Anaudi Hernández Pérez, quien en 2016 se declaró culpable por actos de corrupción.
La petición surge tras la divulgación pública de un video promocional donde se expone a Puerto Rico y sus atractivos como destino turístico, en especial destacando las hospederías de corto tiempo y en la que se resalta la mansión de Hernández Pérez.
“Puerto Rico tiene lugares hermosos, estructuras de incalculable valor e interés histórico y cultural, joyas arquitectónicas y, si de hospederías se trata, podemos encontrar desde vagones y cabañas hasta semi palacios. Lugares que no han estado ligados a enredos que denigran nuestra imagen como pueblo”, señaló el legislador.
Hernández Pérez fue acusado en el foro federal por cargos de soborno por los que ostentó contratos millonarios.
Tras el esquema fraudulento adquirió la lujosa residencia ubicada en el barrio Boquerón de Aguadilla, que en la actualidad es alquilada para la celebración de actividades privadas, lo que ha levantado quejas entre los vecinos.
Rivera Madera exhortó a los miembros del DMO “a ser más cuidadosos” al momento de seleccionar escenarios, paisajes, estructuras y personalidades claves, pues “la imagen tiene una primera impresión que, aunque tengamos otras oportunidades para cambiarla, siempre se recordará. O sea, para una primera impresión solo hay una oportunidad”.
El municipio de Aguadilla emitió recientemente un cese y desista contra Hernández Pérez, que le prohíbe realizar ninguna actividad en la mansión de Playuela que la fiscalía federal le permitió retener cuando se declaró culpable y que el hombre mercadeaba bajo el nombre de Casa Herdz para vacaciones de lujo.
El palacete con dos cocinas externas, cine privado, siete cuartos, ocho baños completos y dos baños parciales en 9,000 pies cuadrados de interiores, estuvo a la venta por $4.2 millones.
Según el abogado de Hernández Pérez, Osvaldo Carlo Linares, la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico había optado por dejar que el convicto siguiera mercadeando la propiedad para que generara ingresos y mantuviera valor, en vez de confiscarla de inmediato y que se convierta en una propiedad que pierde valor y le cuesta al gobierno mantener.
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