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Economía

Con todo y Junta Fiscal e insolvencia, P.R. busca otro préstamo

Hasta el Fideicomiso de la Niñez, organismo sin fin lucrativo del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que recibe fondos del impuesto al tabaco, podrá emitir bonos bajo la recien firmada Ley de Moratoria, movida que pudiera estar considerando el equipo fiscal de la Administración García Padilla en medio de una crisis fiscal que amenaza con un impago al servicio de la deuda tan pronto como en mayo.

Según reseñaron Bloomberg y Reuters, el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) ya presentó ante los Junta Reglamentadora de Inversiones Municipales (MSRB por sus siglas en inglés) su intención de emitir notas de bonos de un año.

En el mercado de bonos municipal de $3.7 trillones, los bonos pagaderos con impuestos al tabaco tienen gran probabilidad de caer en impago.

De los bonos del Fideicomiso de la Niñez, los acreedores Oppenheimer Funds Inc. posee unos $9.9 billones cuando incluye el valor de los bonos cero, la mayoría de los $12 billones de notas repartidas entre 17 fondos mutuos. Invesco Ltd., MacKay Shields y Nuveen Asset Management poseen $211 millones, $148 millones y $131.5 millones, respectivamente, en bonos cero.

Según documentos del ente asegurador Citibank N.A., el Fideicomiso debe enviar depósitos al fideicomisario Deutsche Bank Trust Company Americas, en términos irrevocables hasta que los bonos hayan sido repagados

Mientras, el equipo fiscal del ELA insiste en que no tendrá para pagar $422 millones en bonos de obligación general al primero de mayo mientras cabildea ante el Congreso para que se apruebe algún mecanismo en ley para reestructurar la deuda de $73,000 millones el gobierno.

A su vez, la propuesta de congresistas republicanos que ordena el nombramiento de una Junta de Control Fiscal para Puerto Rico, conocida como PROMESA, aún no baja a votación en la Cámara federal levantando dudas sobre el líder de ese cuerpo, Paul Ryan. Asimismo, el presidente del Comité de Finanzas del Senado, el republicano Orrin Hatch, ya adelantó que la medida tal como está no contaría con el voto en la Cámara Alta federal.

Parte del equipo fiscal de la Adminitración García Padilla, el secretario de Estado, Víctor Suárez y la presidenta del BGF, Melba Acosta. (Archivo/NotiCel)
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