El presidente de la Junta de Planificación, Luis García Pelatti, pidió a la Legislatura crear dentro de su agencia mecanismos de supervisión a los cargos por servicios que prestan las compañías navieras para monitorear posibles cambios en tarifas que pudieran tener un impacto inflacionario al coincidir con la implementación de un Impuesto de Valor Añadido (IVA).

García Pelatti recordó que las compañías navieras conspiraron para fijar precios durante la implantación del Impuesto de Ventas y Uso (IVU) que entró en vigor en noviembre del 2006, lo que tuvo un impacto inflacionario en Puerto Rico. 'Dicha historia debe prevenirse a los fines que no se repita al momento de la implementación del Impuesto de Valor Añadido', dijo el funcionario.

En su ponencia a la Comisión de Hacienda de la Cámara sobre la Reforma Contributiva, García Pelatti sostuvo que aunque el IVA pudiera producir un aumento en el nivel de precios, eso sería durante el periodo inicial pero que el nivel de inflación en Puerto Rico se encuentra en uno de sus niveles más bajos.

No obstante, aceptó que pudieran existir otros factores inflacionarios que pudieran coincidir con la implantación del IVA.

En ese sentido, recordó que en el 2008, la División Antimonopolios del Departamento de Justicia federal informó que cuatro ejecutivos de las cuatro compañías navieras que operan en Puerto Rico aceptaron declarase culpables en Florida por conspirar para manipular licitaciones, fijar precios y asignar cuotas de mercado para los clientes que transportan mercancías entre Estados Unidos y Puerto Rico.

En el 2011, el Tribunal Federal de Puerto Rico aprobó un pleito civil relacionado a esas acciones de tres de las cuatro navieras cuyos ejecutivos fueron encausados, un acuerdo económico por $52.25 millones. A dicho acuerdo, en febrero del 2012, la representación legal de Puerto Rico suscribió un memorándum de entendimiento con las navieras demandadas en la jurisdicción federal por medio del cual estas acordaron pagar $1.7 millones para poner fin a la controversia suscitada por la investigación contra las navieras estadounidenses que ostentan el oligopolio naviero entre los Estados Unidos continentales y Puerto Rico.

Si bien las comentadas acciones criminales y civiles deben de haber servido de persuasivo para que las navieras estadounidenses en Puerto Rico no conspiren contra los intereses de Puerto Rico, Garcia Pelatti recordó que la Cámara en el 2013 lanzó una investigación luego de que las compañías navieras decidieran implantar un nuevo cargo sobre el uso de la plataforma de acarreo o chasis para contenedores que fluctuaba entre los $12 y $20 por día de ruta. Esos cargos fueron eventualmente eliminados por algunas de las navieras.

'Es por ello que en la Junta de Planificación consideramos pertinente traer a la atención legislativa esta experiencia, la cual tuvo un impacto inflacionario significativo durante la implementación del IVU y fue en detrimento del poder adquisitivo del consumidor puertorriqueño', dijo García Pelatti.

Dijo que la Junta necesitaría acceso a PIERS, un sistema de datos sobre el movimiento de carga a nivel mundial, mediante el pago de una suscripción.