El Comite de lo Jurídico en la Cámara del Congreso estadounidense se apresta a discutir hoy desde las 10:30 am el destino de la deuda de las corporaciones públicas de Puerto Rico bajo el proyecto presentado por el comisionado residente Pedro Pierluisi, quien propuso enmendar el código federal de quiebras para tratar a Puerto Rico como estado bajo el capítulo 9 del Código de Quiebras.

Entre los ponentes estarán el comisionado residente Pedro Pierluisi y la presidenta del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), Melba Acosta.

Tres de los cuatro deponentes en la vista testificaron a favor del H.R. 870: el profesor de Derecho de la Escuela de Derecho de la Universidad de Michigan, John Pottow; el director general de Municipal Market Analytics, Robert Donohue; y el presidenta del BGF, Melba Acosta.

‘En Puerto Rico, donde la unidad tiende a ser rara, el proyecto también ha recibido virtualmente apoyo unánime. La administración del gobernador Alejandro García Padilla testificó a favor del proyecto, el presidente del Senado Eduardo Bhatia lo apoya, y el exgobernador Luis Fortuño ha escrito una carta a favor. La Cámara de Representantes y el Senado aprobaron una resolución conjunta urgiendo la aprobación y nueve expresidentes del Banco Gubernamental de Fomento, de ambos partidos, firmaron una carta en apoyo. Además, 13 asociaciones comerciales del sector privado en la Isla se unieron en un memorando de acuerdo en apoyo al proyecto. El proyecto también cuenta con el apoyo del Banco Popular, el más grande en Puerto Rico’, dijo el Comisionado Residente en comunicado de prensa.

Además, la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes federal ha recibido numerosas ponencias y cartas de académicos, abogados en la práctica y personas con interés en la comunidad financiera.

Según Pierluisi, el proyecto ha sido endosado por la Conferencia Nacional de Quiebras, compuesta por unos 60 estudiosos y abogados destacados en el campo de Derecho de Quiebras. Además, algunos de los expertos en la materia más respetados en la nación han sometido escritos a la Comisión para expresar su apoyo al proyecto de Pierluisi.

‘Igualmente, el proyecto es apoyado por la vasta mayoría de los acreedores de Puerto Rico, así como por otras partes con interés en la comunidad inversora. Por ejemplo, 32 fondos dueños de billones de dólares en bonos de Puerto Rico sometieron una carta a la Comisión endosando el proyecto. La semana pasada, el líder del grupo de bonos municipales del administrador de activos más grande del mundo expresó su apoyo al proyecto en una entrevista televisiva. Una respetada firma de inversiones encuestó a unas 24 instituciones financieras, firmas de asesoría en inversiones, fondos mutuos, hedge funds y otros participantes en los mercados y concluyó que ‘existe un acuerdo casi unánime de que la aplicación del Capítulo 9 a las agencias e instrumentalidades de Puerto Rico es un enfoque razonable que no obstaculizaría el funcionamiento normal del mercado’. Fitch Ratings emitió un comentario especial titulado ‘La extensión del Capítulo sería positivo para Puerto Rico’, en el que expresó que el H.R. 870 ‘sería un desarrollo positivo e importante para Puerto Rico y para los titulares de la deuda de sus utilidades e instrumentalidades públicas’, añádió.

Permitir que corporaciones endeudadas, como la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) o la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), se acojan al capítulo 9 no significa un rescate financiero. Más bien permite que el gobierno de Puerto Rico aplaque el servicio a la deuda que consume el 16% de su presupuesto mientras logra una estabilidad fiscal. Además, asegura que los bonistas más férreos obtengan su pago, según reseñara un editorial de