A pesar del apoyo de organizaciones no gubernamentales y hasta de exfuncionarios de gobierno, los comerciantes representados por la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA), se opusieron al proyecto de la Cámara 2141 para crear la ‘Ley de Impulso al reciclaje de recipientes’.

La Comisión de Agricultura, Recursos Naturales y Asuntos Ambientales, presidida por el representante César Hernández Alfonso, llevó a cabo hoy lunes la segunda vista pública en torno a la medida que cobraría cinco centavos por envase para luego reembolsarlo al consumidor una vez devuelva el mismo para su reciclaje.

El vicepresidente ejecutivo de MIDA, Manuel Reyes, manifestó que a pesar de estar a favor de las iniciativas de reciclaje en la Isla, opinó que la mencionada medida no es favorecida por sus asociados ya que ‘pasa el costo para adelante y el Estado no se hace responsable del mismo’.

Mientras, el exsecretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y asesor de la empresa Energy Answers, Javier Vélez Arocho, favoreció la medida por parte de esta firma y en su carácter personal, ‘ya que es necesario la implementación efectiva de cualquier programa, iniciativa e infraestructura que le haga fácil al consumidor redimir el envase. Con ello, definitivamente ayudará al éxito de esta iniciativa’.

Por su parte, la portavoz ambiental del capítulo de Puerto Rico del Sierra Club, Adriana González, presentó estadísticas de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés) en las que se indica que en la isla se produce diariamente 10,000 toneladas de desperdicios sólidos. Añadió que, ‘el plástico compone, el 8% del material reciclable que se desecha en nuestros vertederos y solo en el 2007 se desecharon 385,348 toneladas de plástico en nuestros vertederos’.

Señaló que, ‘con la implementación de esta legislación y lograr la recuperación de un 80% de estos contenedores resultará en un beneficio de evitar la producción de 89.51 toneladas métricas de gases invernadero, equivalente a eliminar la contaminación producida por 18,648 carros anualmente’.

Báez Rivera mencionó aspectos positivos sobre la implementación de un ‘Bottle Bill’ para Puerto Rico destacando ‘…la creación de empleos conforme a una industria de reciclaje que se estaría creando, ahorros en gastos de limpieza y recogido de basura, el depósito no reclamado se estaría utilizando para fortalecer las áreas de recogido, acopio y procesamiento de esos productos, ahorro de energía al reducir el procesamiento de esa basura, venta de nuevos materiales de esos productos reciclados y reducción en la producción de gases invernadero’.

En un aspecto poco mencionado anteriormente, el Representante aseguró que, ‘este proyecto reduce el riesgo de incumplimientos de los municipios con la reglamentación federal de aguas conocida como la MS 4 (Municipal Separate Storm Sewer Systems). Esta reglamentación es la que les requiere a los municipios desarrollar e implementar programas para detectar y eliminar las descargas ilícitas a los sistemas de alcantarillado. Las botellas son una descarga ilícita en el sistema pluvial. Por tanto, al eliminar las botellas de esas corrientes minimizando las posibilidades de que lleguen a las descargas de agua ya que tendremos un sistema que reducirá drásticamente la disposición indebida de las mismas’.