Un aumento en los fondos federales que son transferidos a la Isla, pero un alza en la carga contributiva de individuos y corporaciones, provocando la relocalización de ciertas corporaciones foráneas y un incremento en la tasa de desempleo, sería el escenario de Puerto Rico de convertirse en estado.

Estas fueron algunas de las conclusiones del estudio ‘Efectos sobre la competitividad de Puerto Rico de posibles cambios en la Ley 600’, encomendado por la Compañía de Comercio y Exportación a profesores de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.

La doctora Eileen Segarra Alméstica, directora interina del Departamento de Economía, quien fue una de las autoras del estudio, explicó que en 2011 la isla recibió $1,222 de aportación federal por habitante, contrario a los $2,931 que obtuvo Misisipi, el estado más pobre de Estados Unidos.

Segarra Alméstica sostuvo que si en el 2011 Puerto Rico hubiera recibido la misma aportación federal que otros estados, las transferencias se hubieran incrementado de $4,482 millones a $7,750 millones.

De hecho, destaca que de Puerto Rico ser estado, sería el programa de Medicaid donde se vería un alza sustancial en las transferencias federales.

Aunque pondera que el alza en las transferencias representa un cambio considerable en los beneficios obtenidos por los ciudadanos, también acentuaría la dependencia de la isla a los fondos federales.

Al adentrarse a los cambios a nivel contributivo, Segarra Alméstica plantea que para los individuos habría un aumento de un 13.4% en la carga tributaria, y estimó que los residentes de Puerto Rico podrían estar pagando $1,900 millones adicionales al gobierno federal.

Mientras las corporaciones exentas pagarían $5,500 millones en contribuciones, las otras corporaciones tendrían un impacto de $758 millones.

‘La carga contributiva total de los impuestos a individuos y a corporaciones como porcentaje del ingreso personal aumentaría de 17.5% a 30.6%’, puntualizó.

De hecho, Segarra Alméstica resaltó que las empresas que actualmente gozan de exenciones, si Puerto Rico se convierte en estado, pudieran estar relocalizando operaciones fuera del país por las nuevas cargas tributarias federales.

También la estadidad pudiera anular la aplicación del arbitrio del 4% a las corporaciones foráneas establecido mediante la Ley 154 de 2010, descartando la posibilidad de ajustes tributarios a nivel federal, dijo.

Por ende, entiende que el sector de la manufactura sería uno de los que sufriría un mayor traspié, y como consecuencia pudiera aumentar los despidos en el sector privado.

Ante este panorama, tanto Segarra Alméstica como el doctor Juan Lara Fontánez, catedrático del Departamento de Economía, reiteraron sobre la necesidad de que Puerto Rico haga ajustes en su sistema contributivo, principalmente a nivel corporativo, en aras de reducir el impacto adverso que tendría las cargas tributarias federales en las PYMES.

De haber una baja en las contribuciones de las corporaciones, Segarra Alméstica prevé que Puerto Rico se vería forzado a aumentar las contribuciones de ingreso y de consumo a los individuos e implementar una reducción de la plantilla y servicios ofrecidos por el Gobierno, lo que pudiera acrecentar el problema de la migración.

Por su parte, la profesora Alicia Rodríguez Castro, catedrática del Departamento de Economía, afirma que de concretarse la estadidad para Puerto Rico, se cerrarían las posibilidades de la isla de llegar a acuerdos comerciales internacionales en los que no participe Estados Unidos. Los investigadores han sugerido que la Isla negocie con el Gobierno de Estados Unidos exenciones a la Leyes de Cabotaje.

En otros aspectos, al comparar dicho estudio con los recientes hallazgos del informe de la Oficina de Contraloría General (GAO, por sus siglas en inglés), Lara Fontánez sostiene que ambos coinciden que la estadidad traería cambios económicos y fiscales para el país, que habría un aumento de fondos federales y el riesgo de posible relocalización de las empresas. Pero los diferenció en que este estudio contrario al GAO, presenta la necesidad de que en el país se reestructure el sistema contributivo, y el tamaño y servicios ofrecidos por el Gobierno.

Fontánez dijo además que este estudio pone sobre la mesa el cuestionamiento de cómo se manejaría la deuda pública de Puerto Rico ser un estado.

Entretanto, el doctor José Javier Colón Morera, catedrático del Departamento de Ciencias Políticas, opinó que es poco probable que el Congreso de Estados Unidos apruebe la medida HR 2000, que pretende que los ciudadanos en la isla voten si están a favor o en contra de que se le conceda la estadidad a Puerto Rico, dada la inclinación de que se efectúe una nueva consulta siguiendo los parámetros sugeridos por el presidente Barack Obama.

Colón Morera, indicó que el asunto de estatus político de la Isla no se ha tratado como prioridad en Estados Unidos -desde la discusión del 1991-, debido a la falta de consenso local, la división partidistas en el Gobierno de Estados Unidos y las influencias del Tea Party.

A su entender, la Isla debe buscar otros mecanismos procesales para resolver la situación del estatus, como lo es la Asamblea Constitucional de Estatus.