La casa evaluadora de credito Moody’s degradó el credito de la Autoridad de Energía Electrica (AEE), colocó su proyección en ‘negativa’ y consignó que difícilmente mejore la clasificación pronto.

La acción, que cambió la clasificación de Baa2 a Baa3, está basada en los problemas económicos del Gobierno y el Banco Gubernamental de Fomento (BGF), en la incapacidad que ha demostrado de llevar a cabo un plan efectivo de diversificación de energía para romper la dependencia con el petróleo, y en la incapacidad que ha demostrado para reducir el nivel de deudas por cobrar que tiene con otras agencias públicas.

La evaluación tiene fecha de ayer, miércoles, justo un día después de que la Cámara de Representantes aprobara un proyecto que obliga a la AEE a darle una tarifa preferencial a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) que representan $37 millones que la AEE va a dejar de recibir, o lo mismo que $37 millones que le ‘perdona’ a la AAA.

Los argumentos de Moody’s en la evaluación de crédito vuelven a poner en evidencia cómo las decisiones gerenciales de la AEE y el Gobierno siguen haciendo que pague el abonado, a pesar de que la responsabilidad está en las fallas históricas de la propia gerencia de la agencia.

De hecho, las principales fortalezas que Moody’s le reconoce a la AEE son precisamente las que resultan perjudiciales para el consumidor: que son un monopolio, que tienen poder absoluto para establecer tarifas, y que no dependen de unos pocos clientes grandes sino que tienen una base de clientes amplias.

Entre las debilidades: deterioro de las condiciones económicas en la Isla, dependencia del petróleo, inestabilidad en su grupo gerencial, las muchas deudas por cobrar que tienen, y el alto nivel de deuda ($8,200 millones) que ellos mismos tienen como entidad.

La acción refleja ‘la debilidad contínua de la economía de Puerto Rico, incluyendo la falta de motores de crecimiento económico y las tendencias demográficas negativas. Además, la acción sobre la clasificación refleja incertidumbre sobre la ejecución de un plan de reducción de gastos y de diversificación de combustible a largo plazo que está diseñado para colocar a la Autoridad en terreno financiero más firme’.

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