En medio de la discusión e incertidumbre que rodea la aprobación del presupuesto para el año fiscal 2013-14, representantes de la industria de turismo en Puerto Rico y dueños de casinos abogaron por la erradicación de las máquinas ilegales de juegos de azar como medida para allegar más recaudos al Fondo General, el Sistema de Retiro y la Universidad de Puerto Rico (UPR).

Más aún, a juicio de estos sectores que favorecen que los casinos tengan la exclusividad en el manejo de estas tragamonedas, la propuesta de introducir nuevas máquinas fuera de los casinos podría reducir significativamente los ya limitados recaudos que la UPR y Retiro reciben actualmente del gobierno estatal.

'En el pasado cuatrienio fuimos testigos de una huelga estudiantil cuyas repercusiones aún están latentes. Los jóvenes estudiantes se enfrascaron en una intensa y lamentable lucha por la imposición de una cuota que pretendía atender el problema fiscal de nuestra principal institución universitaria… Nuestro Gobernador, Hon. Alejandro García Padilla, junto a esta Asamblea Legislativa, revirtieron dicho efecto. Sin embargo, no hay duda que los recaudo destinados a la Universidad de Puerto Rico volverían a verse afectados ante una reducción en los ingresos devengados por los casinos', argumentó la Directora de la Oficina de Asesoramiento Legal de la Compañía de Turismo de Puerto Rico, Maritere Colón Domínguez, durante una vista pública celebrada el jueves ante la Comisión de Hacienda del Senado.

'El pasado año fiscal 2011-2012, la Universidad de Puerto Rico recibió $70, 891,068 provenientes de los ingresos de las máquinas tragamonedas localizadas en los casinos, cantidad que podría reducirse significativamente con la introducción de nuevas máquinas', añadió Colón Rodríguez como parte de su comparecencia en el Capitolio, que además, incluyó deponentes vinculados a hoteles, casinos y el sector económico del país.

De igual manera, la funcionaria de Turismo estableció un vínculo entre la UPR y el Sistema de Retiro, al plantear que un porciento de los recaudos por juegos de azar en los casinos serán utilizados para 'garantizarle a los funcionarios públicos retirados y a los que en el futuro de jubilarán que cuentan con la pensión a la cual aportaron, sin que ello implique desalentar a nuestros jóvenes a obtener carreras universitarias que aseguren su futuro'.

Encontradas Cámara y Senado en controversia de tragamonedas

En la vista pública del jueves se discutieron y presentaron recomendaciones en torno al Proyecto Sustitutivo de la Cámara al P. de la C. 12, P. de la C. 394 y P. de la C. 916. Se discutió, además, el P. del S. 617, medida que busca enmendar la Ley Núm. 11 de 1933, conocida como l 'Ley de Juegos de Azar'.

Al analizar los proyectos de Cámara y Senado respectivamente, cabe destacar que ambos pudieran ser contradictorios con relación a sus intenciones para lidiar con el asunto de las tragamonedas en la Isla.

Mientras el Sustitutivo de la Cámara le otorga mayores poderes al Departamento de Hacienda y aspira a evitar la proliferación de máquinas ilegales fuera de los casinos, de otro lado, el P. del S. 617 propone legalizar algunas de estas máquinas que están localizadas en pequeños negocios como restaurantes, estaciones de gasolina, colmados, cafetines, entre otros comercios locales.

Asimismo, es importante resaltar que la controversia actual constituye un capítulo adicional de un pulseo que data de administraciones políticas anteriores, y que involucra a diferentes sectores de interés dentro de los ámbitos políticos y económicos.

Antecedentes de una controversia con varios grupos de interés

Durante la administración del exgobernador Luis Fortuño, el Departamento de Hacienda intentó impulsar un proyecto similar de video lotería como medida para cuadrar el presupuesto estatal.

En aquella ocasión, y al igual que sucede en la actualidad con el P. del S. 617, la medida contaba con la oposición de los integrantes de la industria hotelera del país.

Para complicar la controversia aún más, los operadores de estas máquinas de entretenimiento, que era el sector que parecía beneficiarse más con esta legalización de tragamonedas, terminó oponiéndose a la propuesta de video lotería de Fortuño, por entender que dicho plan aspiraba a sacarlos de circulación para favorecer un contrato de exclusivo de operación a la empresa Caribbean Gaming and Entertainment (Cage).

El interés de la administración Fortuño de establecer el proyecto de video lotería llegó al punto de que el Departamento de Hacienda comenzó una serie de operativos para intervenir y hasta confiscar con máquinas tragamonedas en distintos pequeños alrededor de la Isla.

Tales acciones provocaron el furor de los operadores de tragamonedas, quienes en febrero 2011 radicaron ante la corte de distrito federal una demanda en contra del exsecretario de Hacienda, Juan Carlos Puig, así como otros funcionarios vinculados al monitoreo de los juegos de azar en Puerto Rico.

Entre los argumentos esbozados por la parte demandante se establece que las incautaciones y confiscaciones de las máquinas se hicieron de forma ilegal.

Los demandantes plantearon, además, que el verdadero interés de Puig era favorecer a la empresa Cage, la cual contaba con la asesoría legal de Andrés Guillemard, hijo, quien participó activamente de la campaña de Fortuño y tiene también un vínculo como cuñado del Comisionado Residente en Washington, Pedro Pierluisi.

Curiosamente, en la vista celebrada el jueves por la actual Comisión de Hacienda del Senado, el presidente de la Junta de Directores de la Asociación de Hoteles y Turismo de Puerto Rico, Ismael Vega, hizo referencia a Cage y la supuesta amenaza que esta empresa representó en el pasado.

Aunque tanto Vega, quien representa al sector de hoteles y casino, como los operadores independientes de tragamonedas repudiaron en su momento a la empresa Cage, los objetivos de cada uno de estos dos sectores eran totalmente opuestos.

Mientras los hoteleros repudiaban a Cage por entender que ésta afectaría a los casinos, los operadores de tragamonedas, por su parte, presentaron oposición al argumentar que dicha empresa extranjera atentaba contra la administración independiente de máquinas de entrenamiento para adultos.

Más de dos años después del debate en torno a Cage, y ahora bajo nueva administración política, la controversia de las tragamonedas continúa. En medio de esta compleja discusión se encuentra el tema del presupuesto y la encomienda del gobierno de escoger entre propuestas de recaudo que parecen irreconciliables.