El golpe dado esta semana en EE.UU. a la empresa Liberty Reserve, acusada de blanquear más de $6,000 millones, ha sido recibido con orgullo por las autoridades de Costa Rica, que conocieron la noticia en un momento en el que el país se esforzaba por salir de la lista de paraísos fiscales.

‘Tengo que celebrarlo, sin embargo mucha gente le da un tono apocalíptico y crítico. El sistema financiero y las autoridades de control funcionaron’, explicó a Efe el director de Inteligencia y Seguridad de Costa Rica, Celso Gamboa.

El funcionario recalcó que ‘nadie en el mundo le ha dado un golpe al lavado como se lo dio Costa Rica’ en el caso de Liberty Reserve

La historia de Liberty Reserve en Costa Rica empezó en torno al año 2009 con una serie de ‘transacciones sospechosas’ detectadas por el sistema bancario nacional, que en 2011 derivaron en una investigación del Ministerio Público, tras negársele a la firma su operación financiera.Aún así, la organización siguió funcionando por medio de ‘compañías pantalla’.

Según las autoridades costarricenses, a la investigación se sumaron después otros países, especialmente Estados Unidos, en un proceso que el martes pasado condujo a la acusación de la firma en ese país.

Las autoridades federales estadounidenses calificaron a Liberty Reserve como el ‘banco de referencia del mundo criminal’, que facilitó el blanqueo de $6,000 millones de dólares a través de su sistema de moneda virtual.

Unos días antes de la acusación, se detuvo en España al fundador de Liberty Reserve, Arthur Budovsky, y al marroquí Azzeddine El Amine, el ‘número dos’ de la compañía.

Budovsky es un estadounidense que adquirió la nacionalidad costarricense tras casarse con una mujer a la que supuestamente le pagó una suma de dinero a cambio del matrimonio.En Costa Rica vivía rodeado de lujos.

La directora adjunta del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), Bernardita Marín, explicó que Liberty Reserve movió en los bancos de Costa Rica alrededor de $100 millones antes de que se le interviniera una cuenta con $20 millones.

Costa Rica salió de la lista de países no cooperantes en materia tributaria el año pasado, tras firmar más de una decena de acuerdos bilaterales para el intercambio de información fiscal y efectuar modificaciones legales al secreto bancario.