Mantener una política pública económica basada en la pretensión de crear empleos por medio de la otorgación de incentivos a empresas y diferentes tipos de industria, continuará abonando a la precaria situación fiscal de los municipios, de acuerdo al economista, Carlos Rodríguez, y al director ejecutivo de la Federación de Alcaldes de Puerto Rico, Reinaldo Paniagua.

En entrevistas separadas con NotiCel, ambos coincidieron en plantear que, aunque la mayor responsabilidad ante estas crisis debe recaer sobre las administraciones de cada municipio, no se puede tampoco obviar que el deseo de impulsar más leyes de incentivos económicos a nivel de la Legislatura y del Departamento de Hacienda, contribuye igualmente a lacerar la ya precaria base presupuestaria de los ayuntamientos.

De acuerdo a los datos más recientes de la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales (OCAM), son 40 los municipios que operan con déficit, siendo Ponce, San Juan, Manatí, Toa Baja y Arecibo los que encabezan la lista.

En los casos de Ponce y San Juan, sus respectivas administraciones se encuentran en proceso de evaluar los contratos de empleados transitorios con miras a reducir la nómina y el personal municipal.

Con relación a Toa Baja, su alcalde, Aníbal Vega Borges, comenzó una ola de despidos que ya ha afectado a más de un centenar de empleados municipales que han recibido sus cartas de cesantía desde que comenzó el proceso a finales de diciembre de 2012.

Según Rodríguez y Paniagua, liderar procesos de reestructuración municipal recurriendo al despido masivo de empleados pudiera refleja dos cosas: un mal manejo presupuestario por parte del alcalde, y la complicidad del gobierno central que, con sus múltiples leyes de incentivos, impide la generación de un fondo fijo y estable para los municipios.

‘Los municipios deben enfocarse en realizar dos gestiones. Primeramente, ver cómo generar más ingresos. En segundo lugar, se deben buscar maneras de que sus gastos sean más eficientes. Si sigues con la misma estructura, lo más fácil es partir el palo por lo más finito que son los empleos. Recurrir al despido masivo como primera alternativa demuestra que como alcalde o alcaldesa, estás aceptando que la manera de administrar el municipio ha sido ineficiente’, expresó Rodríguez, quien, además, funge como profesor en el Departamento de Economía de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.

Por su parte, Paniagua evitó en establecer juicio sobre los recientes despidos en algunos municipios del país. No obstante, fue enfático al declarar que el déficit de los municipios continuará siendo un problema fundamental en la medida en que el gobierno central exima a empresas de ciertas patentes municipales.

‘No se le ha dado validez o importancia a los artículos de la sección 1.006, inciso p, de la Ley de Municipios Autónomos. La Federación de Alcaldes favorece que se enmiende esa ley para que no se radique legislación que genere costos adicionales a los municipios, sin antes haber identificado fondos sustitutivos’, explicó Paniagua.

‘Uno de los grandes problemas es que se sigue radicando legislación que trastoca el ingreso de los municipios. Ha sido un problema histórico. A la ley de patentes municipales, le siguen añadiendo exenciones y eso trastoca los ingresos que eran fijos para los municipios’, añadió Paniagua.

A tono con los cuestionamientos hacia la creación de este tipo de exenciones, Rodríguez criticó los incentivos impulsados por la Ley de Empleos Ahora.

Según el académico de la UPR, el sector privado se encuentra en mal estado y no está en condiciones de crear los buenos empleos que augura el gobernador, Alejandro García Padilla.

En todo caso, dice Rodríguez, la mayoría de los 50,000 empleos propuestos por el primer ejecutivo para su primer año de gestión, serán trabajos de salario mínimo, sin beneficios y con ingresos que se invertirán fuera del país, dando así poco espacio para destinar fondos hacia las atribuladas arcas de los municipios.

‘Piensan que con la creación de incentivos, se van a generar más empleos. Sin embargo, hay un problema porque el sector privado está bien débil y no hay la certeza de que va a generar los empleos con estos incentivos’, explicó Rodríguez.

‘La calidad del empleo también se ve afectada. No es sólo el empleo, sino el tipo de empleo, el cual genera muy pocas ganancias para el fisco estatal y para las arcas de los municipios. Es dinero que se va del país, por tratarse de tiendas o cadenas de restaurantes con sede en los Estados Unidos’, argumentó el profesor de Economía.

‘Entonces, cuál es la contribución real de estas empresas? Se justifican estos incentivos para supuestamente crear empleos’?, cuestionó Rodríguez en referencia a la política pública que el gobierno central ha adoptado en materia económica.

NotiCel gestionó una reacción del presidente saliente de la Asociación de Alcaldes y primer ejecutivo municipal de Comerío, Josian Santiago, pero los intentos no fueron exitosos.