A menos que surja un cambio de paradigma económico para Puerto Rico, el gobierno estatal de la isla no tendrá la capacidad para salir del estancamiento económico actual y proveer los fondos mínimos que se necesitan para proyectos sociales de futuro como la educación pública, la salud, y el desarrollo de infraestructura de larga duración.

Tras al anuncio de la agencia acreditadora Moody’s de reducir la clasificación de crédito de $16 millones de deuda en los bonos de la Corporación para el Financiamiento del Fondo de Interés Apremiante (COFINA), economistas locales coincidieron en que el gobierno de Puerto Rico está limitado para encaminar una política fiscal expansiva y que lo recaudado en los próximos años por vía de impuestos será destinado para pagar bonos y déficits, sin que esto represente beneficio tangible para el ciudadano común.

‘Si continúa la tendencia, la asignación de recursos que tenemos que hacer para pagar deuda va en aumento. Esa cantidad supera el presupuesto de educación y salud. Asignamos más dinero para la deuda que lo que usamos para educar juventud. Si continúa la tendencia, la deuda cada vez va a costar más. Significa que habrá menos recursos para educación, salud, seguridad, cultura, que son esenciales para desarrollo económico y social de un país’, dijo el profesor del Departamento de Economía en la Universidad de Puerto Rico (UPR), en Río Piedras, Argeo Quiñones, en entrevista con NotiCel.

De hecho, el panorama no luce alentador si tomamos en consideración que los fondos de COFINA se nutren del Impuesto de Uso y Venta (IVU) y sus recaudos, los cuales han crecido a tan sólo un 0.003% anual, cifra que está por debajo del propio ‘stress scenario’ (escenario de estrés) de 0.17% presentado a los bonistas, según información divulgada por el Centro para la Nueva Economía (CNE) de Puerto Rico.

Aunque se reconoce la posibilidad de que recaudos provenientes del IVU aumenten una vez concluida la actual recesión económica, el documento presentado por el CNE y que es de la autoría del director de política pública de dicha entidad, Sergio Marxuach, advierte que el verdadero problema estriba en que el gobierno local tomó $16,000 millones prestados con el fin de cubrir gastos operaciones y saldar el déficit, pero no para obra a largo plazo.

‘El problema es que ese dinero no se utilizó para financiar infraestructura pública con una larga vida útil, activos públicos como carreteras, acueductos, plantas de generación de electricidad, hospitales, o escuelas. Sin embargo, en el 2030 unos $1,182 millones del IVU que pagaremos se utilizará para pagar estos bonos sin ningún beneficio para las generaciones futuras’, planteó Marxuach en su documento titulado ‘La Degradación de COFINA’.

Por su parte, Quiñones expresó que si bien el estado actual en torno a la degradación crediticia del país es el resultado de la acumulación de decisiones y políticas estructurales de décadas y distintas administraciones, las gestiones económicas de la actual administración del gobernador Luis Fortuño no han contribuido a salir de la crisis. Según el académico de la UPR, contrario al discurso triunfalista presentado por el oficialismo en los últimos meses, el gobierno de Puerto Rico continúa inhabilitado para elaborar una política fiscal expansiva.

Asumiendo una postura menos pesimista, Quiñones afirmó que ‘el gobierno de Puerto Rico contó con los fondos ARRA y bonos de corporaciones públicas y fondos provenientes de privatizaciones de autopistas. De manera que estamos hablando de $26,000 millones inyectados en esta economía’.

Sin embargo, fue enfático en aclarar que el gobierno contrarrestó esa inyección económica al elaborar políticas neoliberales que cortaron los servicios públicos y capacidad económica individual de las personas.

‘Pero el gobierno, al aplicar política de ley, la aplicó en el peor momento de la crisis mundial. El gobierno de Puerto Rico viene con la Ley 7 que provoca una contracción de economía que inyección de ($26,000 millones) fondos no pudo contrarrestar. Esos fondos detuvieron caída, pero no han podido sacar economía de abismo’, añadió el catedrático y economista de la UPR.

Quiñones además cuestionó que se continúe legislando para bajar tasas contributivas a corporaciones. Dijo que aumentar el IVU no será planteado por ningún candidato dado que un anuncio de esa índole le puede costar al candidato de cualquiera de los dos partidos principales en la isla.

Recalcó, además, que la comunicación emitida por Moody’s el miércoles sobre a los bonos de COFINA estuvo precedida por diversas advertencias emitidas por dicha agencia, en relación al grave estado financiero y crediticio de Puerto Rico. Ese análisis, según Quiñones, dista de los supuestos índices de crecimiento económico celebrados por el actual gobierno de la isla.

‘Es bien importante que a pesar de toda la publicidad, propaganda triunfalista del gobierno, de que hemos disque salido de la recesión y que se puso la casa en orden, sepamos que esta decisión de Moody’s refleja que no vamos en la dirección que plantea la actual administración de gobierno’, acotó Quiñones.