La exportación, la atracción de inversionistas, las pequeñas y medianas empresas y el tráfico mercantil internacional son las áreas de la economía de la Isla que se verán beneficiadas por la firma, por parte del gobernador Luis Fortuño, de cuatro nuevas leyes, anunció el martes el secretario del Departamento de Desarrollo Económico (DDEC), José R. Pérez Riera.

Pérez Riera indicó que la Ley para Fomentar la Exportación de Servicios, la Ley para Incentivar el Traslado de Individuos Inversionistas en Puerto Rico, las revisiones al Capítulo 9 de la Ley de Transacciones Comerciales y la Ley de Arbitraje Comercial Internacional de Puerto Rico son los cuatro nuevos estatutos que colocarán a la Isla en una posición privilegiada para realizar negocios.

‘Con estas nuevas leyes continuamos con lo que nos hemos propuesto y que hemos venido logrando desde el 2009, que la Isla se convierta en un lugar idóneo para que empresas locales y extranjeras realicen sus transacciones comerciales’, señaló el secretario en comunicado de prensa.

El titular del DDEC explicó que la Ley para Fomentar la Exportación de Servicios proveerá la creación de un Fondo Especial para promover la Industria de Servicios para Exportación, le otorga una tasa contributiva fija de cuatro por ciento a los negocios elegibles y busca convertir a la Isla en centro de servicios internacional, entre otros beneficios.

El Fondo se nutrirá de la Ley 73 de 2008, que creó el Fondo Especial para el Desarrollo Económico, el cual aportará cinco millones de dólares y también de una enmienda al Código de Seguros para que las Aseguradoras Internacionales aporten el 10 por ciento de los recaudos provenientes de la contribución sobre ingresos.

Por su parte, la Ley para Incentivar el Traslado de Individuos Inversionistas a Puerto Rico traerá consigo la movilización de fondos mutuos, bonos y acciones, entre otros, que acelerarán el crecimiento económico.

‘Estos inversionistas, que no hayan sido residentes de la Isla durante los últimos 15 años, tendrán varias exenciones contributivas que le harán atractivo el invertir aquí. Por ejemplo, estarán totalmente exentos de pago de intereses y dividendos devengado. También, la ganancia capital de largo plazo sobre cualquier apreciación de valores poseídos después de ser residentes de Puerto Rico y antes del 1 de enero de 2036, estará totalmente exenta del pago de contribuciones sobre ingresos’, indicó Pérez Riera.

El secretario del DDEC también mencionó que las revisiones al Capítulo 9 de la Ley de Transacciones Comerciales traerán mayor acceso a fuentes de financiamiento a un menor costo, la renovación de las reglas sobre garantías de préstamos para facilitar la obtención del crédito y fomentar nuevas inversiones en la Isla, particularmente de los pequeños y medianos comerciantes.

El nuevo Capítulo 9, que fue aprobado por ambos Cuerpos Legislativos, provee un esquema comprensivo para regular los gravámenes mobiliarios sobre propiedad mueble e inmueble por su destino. El propósito de las revisiones al Capítulo 9 de la Ley de Transacciones Comerciales es un esfuerzo para mantener a nuestra jurisdicción a la par con los 50 estados de los Estados Unidos y las Islas Vírgenes.

‘La aprobación ayudará a acelerar y facilitar la expansión económica y el crecimiento comercial, permitiendo nuevas oportunidades para los comerciantes puertorriqueños. Los cambios traerán más certeza a las transacciones comerciales y mientras más certeza haya, la incertidumbre y los costos para las instituciones financieras disminuirán. Por eso los mayores beneficiados serán las pequeñas y medianas empresas que tendrán más acceso, a menor costo, a fuentes de financiamiento’, sostuvo.

De otra parte, con la firma de la Ley de Arbitraje Comercial la Isla cuenta con otra herramienta para atraer empresas que buscan un marco jurídico que trabaje efectivamente con las resoluciones de conflictos que puedan surgir en el comercio internacional.

El Arbitraje Comercial Internacional es un medio jurídico, ya sea por vía de Convenio o Tratado Internacional, utilizado para la resolución de controversias que puedan ser objeto de una acción existente donde, voluntariamente, dos o más partes eligen a personas a los que se les encomiendan llegar a una decisión obligatoria llamada sentencia arbitral o laudo arbitral, poniendo fin a las diferencias surgidas.

Según Pérez Riera, la nueva ley trae muchas ventajas tales como la creación de unas condiciones idóneas para que más empresas consideren a la Isla como un destino para sus negocios.

‘Primero, promueve la uniformidad respecto a las transacciones y los intercambios que surgen como parte del tráfico mercantil internacional, facilitándolos. Segundo, contribuye a establecer parámetros más confiables y por último crea unas condiciones más idóneas y unas bases de negocio más certeras para empresas foráneas’, indicó.

En los pasados años, las instituciones internacionales han colaborado en esfuerzos para uniformar los estándares legales a los cuales estarían sujeto las entidades jurídicas al alcanzar acuerdos comerciales en el ámbito internacional. Entre éstas entidades internacionales se encuentra la Cámara de Comercio Internacional (ICC), el Instituto del Derecho Privado (UNIDROIT) y la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (UNCITRAL, por sus siglas en inglés).