Evasoras importadoras de azúcar

El secretario de Justicia, Guillermo Somoza Colombani, confirmó hoy que recibió en su despacho un referido de la Comisión de Agricultura del Senado para que se investigue un alegado esquema de varias empresas importadoras de azúcar que han evadido el pago de los arbitrios.

El Titular de Justicia explicó que por ser esta una investigación que será encomendada a las Divisiones de Integridad Pública, Delitos Económicos y Asuntos del Contralor, no puede emitir comentarios del contenido del referido.

La pesquisa fue referida al Departamento de Justicia por el senador Luis Berdiel, presidente de la Comisión de Agricultura del Senado.

Luego de varios meses de investigación por parte de la Comisión de Agricultura del Senado, el informe final sobre un supuesto esquema de varias empresas importadoras de azúcar para evadir el pago de los arbitrios sobre el producto fue referido ayer al Departamento de Justicia y otras agencias pertinentes.

Al menos desde 2007, los 14 centavos que se exigen por la importación de azúcar, principalmente negra, ha sido cobrado por alrededor de nueve compañías, pero sólo una ha cumplido con la entrega del dinero al Departamento de Hacienda, según el informe.

El senador Luis Berdiel, presidente de la Comisión, sostuvo que la Able Sales Company es la única empresa que paga el 99,9 por ciento de los arbitrios que recibe Hacienda y que el esquema de otras empresas, aparentemente, era traer azúcar negra para uso industrial (que no paga las imposiciones) y la venden al detalle.

De todas formas cobran el impuesto a los consumidores y lo guardan para sí.

Otras empresas investigadas por la Comisión fueron Méndez y Compañía y Tropical World Corp, esta última compareció luego que un tribunal lo ordenara.

«El que sólo una compañía pague el 99,9 por ciento de los arbitrios debió levantar bandera», resaltó el presidente senatorial Thomas Rivera Schatz.

Se espera que tanto Justicia como los departamentos de Hacienda, Agricultura y el de Asuntos del Consumidor «actúen con premura para que los fondos lleguen donde tiene que llegar, para beneficio de los agricultores de la Isla», indicó Berdiel.

Rivera Schatz aclaró que «no se trata un impuesto nuevo, ya se está cobrando y el problema es que no se pasa al Gobierno».

La problemática estriba en la aparente dejadez o falta de recursos en las agencias para fiscalizar la entrada de ese arbitrio, pero se dejó en manos de esos organismos las investigaciones sobre posibles ayudas internas a las empresas para evitar el pago de contribuciones o los controles sobre los empleados.

«Buscamos que se sienten a conciliar porque sabemos cuánta azúcar entra a Puerto Rico y Hacienda no hace nada para cobrar», afirmó el senador Carlos Javier Torres.

Según el informe, es vital que las agencias a las que se le refirió la investigación «lleven a sus últimas consecuencias la investigación iniciada por este Cuerpo ante la duda razonable de que existen fallas en el sistema de fiscalización en la importación y mercado de azúcar en Puerto Rico».

La investigación senatorial sostiene que la posible evasión del pago de arbitrios se realiza mediante la importación de azúcar no declarada o que no se reporta la totalidad de la importación en los furgones.

Berdiel Rivera explicó que existen «situaciones irregulares en las que en muchos casos las etiquetas del azúcar no especifican el importador, elaborador o distribuidor, no aparecen licencias o solamente la sanitaria. Además, hay marcas de azúcar que no cumplen con los requisitos de etiquetas, lo que viola el Reglamento 13 de Mercados del Departamento de Agricultura, imposibilitando así la fiscalización del mercado».

Los hallazgos de la investigación senatorial evidencian diferencias de hasta un 16 por ciento en el precio del azúcar para venta directa al consumidor entre importadores competidores.

La pesquisa reveló fallas en el proceso de inspección entre Puertos y las facilidades del importador para verificar el azúcar que llegó al país.

Al menos desde agosto de 2010, se informó que varias compañías comenzaron a inscribirse en Hacienda y otras agencias para empezar a cumplir con la ley, pero se advirtió que todo lo que hicieron en el pasado será investigado y procesado legalmente.