Las Justas de la Liga Atletica Interuniversitaria (LAI), que se llevarán a cabo en Ponce, no pasarán por el mismo proceso de seguridad que San Juan intentó implementar en sus calles durante la celebración de las Fiestas de la Calle San Sebastián el pasado mes de enero, pero sí habrá cambios en la manera en que se vigilará la presencia ciudadana cuando se lleven a cabo entre el 10 al 12 de abril del 2014.

Tras la controvertida intención de la alcaldesa capitalina Carmen Yulín Cruz Soto de cerrar calles con verjas y de implantar un control y cateo total, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) hizo un llamado a Ponce a modificar sus estrategias de seguridad al considerar que se violaron derechos civiles.

La alcaldesa de Ponce, María ‘Mayita’ Meléndez Altieri pidió a su vez una reunión con la entidad para dialogar sobre las alternativas que propone para evitar situaciones difíciles ante la esperada presencia de miles de personas de todo el país, mayormente jóvenes.

El presidente de la ACLU, el licenciado William Ramírez Hernández, informó que ‘la alcaldesa ha sido muy cooperadora’ y que tras dos encuentros, se ha acordado establecer adiestramientos para la Policía Municipal.

El objetivo, explicó, es preparar a los oficiales de seguridad en torno al control de eventos sin imponer una excesiva fuerza sobre los visitantes.

‘En principio hemos llegado a un acuerdo sobre los principios de seguridad’, dijo Ramírez Hernández al hacer una distinción entre la actitud de la alcaldesa ponceña, de su homóloga en San Juan de quien dijo no quiso entrar en diálogo con la ACLU, que llevó un caso contra el municipio capitalino.

‘La seguridad es necesaria, obviamente, pero que no atente contra principios constitucionales y garantías que la ciudadanía tiene,’ afirmó al sostener que el modelo de Ponce para vigilar el evento sí presentaba ciertos aspectos que podían violar derechos de las personas.

‘Hemos acordado que ciertos cateos y registros que serían íntimos, no se van a hacer’, mencionó el abogado que sostuvo que esas acciones pueden violar aspectos constitucionales así como la Carta de Derechos de Puerto Rico.

Ante la queja de la alcaldesa de San Juan, retando a la ACLU a que interviniera en Ponce igual que lo hizo en dicha ciudad, Ramírez Hernández recordó que su organización se activa cuando se radica una querella pero enfatizó que ‘nosotros no tuvimos que hacer acercamientos porque la alcaldesa misma (Meléndez Altieri) se acercó a nosotros, ella, voluntariamente y nosotros accedimos. Pero no es lo mismo porque el caso de San Juan fue un poco extremo’ comentó.

‘El caso de San Juan es el único que conocemos… donde se cierra todo un casco urbano. Cuando uno hace eso, cierra, y la ciudadanía tiene que pedir permiso para entrar a una ciudad y la autorización está condicionada a que uno ceda sus derechos fundamentales a estar libre de registros y allanamientos irrazonables, ahí hay un problema’, agregó Ramírez Hernández.