Así lo confirmó la secretaria de Justicia, Lourdes Gómez.

El Departamento de Justicia mantiene una investigación abierta sobre Arturo Deliz Vélez, el delator en el caso de posible corrupción que involucra la exsecretaria de Vivienda, Ciary Pérez Peña y su familia en el manejo de un centro de inspección de autos.

La secretaria de Justicia, Lourdes Gómez, confirmó la información al enviar una carta con fecha del 10 de abril al representante José “Cheíto” Hernández, presidente de la Comisión de Transportación de la Cámara de Representantes.

“Le informamos que se mantiene activa una investigación separada en el Departamento de Justicia relacionada con las actuaciones del señor Arturo Deliz Vélez en el contexto de dichas investigaciones administrativas a centros de inspección de vehículos de motor, la cual se encuentra en etapa investigativa”, indicó Gómez.

La funcionaria también le manifiesta que, si del proceso investigativo legislativo surgen violaciones de carácter penal, sean referidas a Justicia.

Deliz Vélez no acudió a una citación ayer ante la Cámara, pero a través de su abogada informó en una carta que ha sido entrevistado por Justicia en dos ocasiones: el 16 y el 31 de marzo.

Pérez Peña es la exsecretaria de Vivienda quien fuera referida el viernes por Justicia a la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente por influencia indebida.

El representante Hernández está investigando posibles actos de corrupción en los centros de inspección.

Deliz, empleado de la Directoria de Servicios al Conductor (DISCO) del Departamento de Transportación y Obras Púbicas (DTOP) ha demandado a la agencia, además el Departamento de Justicia por represalias, violación al Código de Anticorrupción, daños morales y angustias y reclama una compensación de $375,000.

También reclama $93,750 en costas de abogado.

Deliz Vélez, en una demanda firmada por Lindsay López Murillo, indica que en julio de 2023 comenzó a trabajar como Director de Investigaciones e Inspección (DISCO) y se percató que muchos centros de inspección no pagaban los $2 del costo de documento de inspección. Eso provocó que ordenara una investigación de campo y, entre las estaciones examinadas, se encontraba la de Pérez Peña, ubicada en Yabucoa.
“En dicho Centro de Inspección se estaban falsificando las inspecciones sin entrarlas al sistema con el resultado neto de que se apropiaban del dinero cobrado por la inspección en su totalidad, defraudando al erario y engañando al Gobierno y a los clientes diciendo que habían realizado la inspección”, lee la demanda.

La multa impuesta al centro de inspección totalizó $987,500, a razón de $500 por cada una de las 1,975 transacciones. Deliz Vélez, a su vez, hizo referidos a distintas agencias.

Esa multa misterioramente fue reducida a $25,000 y Pérez Peña pagó $5,000.

La misma abogada que presentó esta demanda le indicó en una carta ayer al representante Hernández que su cliente fue mencionado la pasada semana “de manera injuriosa y falsa” por otros deponentes que participaron en una vista pública.

La abogada se refiere a lo compartido en una vista pública reseñada aquí:

Informal, arbitrario y con temor por represalias la supervisión de centros de inspección – NotiCel – La verdad como es – Noticias de Puerto Rico – NOTICEL

“Desde la fecha de dicha solicitud (de citación) y el día de hoy han transcurrido ciertos eventos importantes a ser informados y advertidos a los efectos de su citación”, indicó López Murillo al mencionar las dos entrevistas en Justicia de su cliente, donde su testimonio fue bajo juramento.

“Fue advertido de que no podía entrar a hablar sobre sus entrevistas parte de dicha investigación ante el Departamento de Justicia”, indicó la abogada al precisar que el testimonio de Deliz Vélez se relaciona a los tópicos que Hernández investiga.