El pasado febrero, una juez del Tribunal de Primera Instancia había determinado que el requisito era inconstitucional por violentar el derecho de libertad de prensa.

El Tribunal de Apelaciones emitió una sentencia unánime desestimando la demanda del Centro de Periodismo Investigativo (CPI) quien impugnó la constitucionalidad del requisito de la Oficina de la Gobernadora de exigir a los periodistas su registro en el Departamento de Estado para entrar a la sala de prensa de La Fortaleza. Los jueces del foro apelativo que emitieron la sentencia fueron los jueces Ronda del Toro, Grana Martínez y Lotti Rodríguez.

El pasado febrero, una juez del Tribunal de Primera Instancia había determinado que el requisito era inconstitucional por violentar el derecho de libertad de prensa. Contrario a ello, el foro de más jerarquía determinó que no se trata de un requisito para ejercer como periodista sino uno de orden y seguridad que era razonable y no tenía bases discriminatorias.

En su sentencia, el Tribunal de Apelaciones señala que erró la Juez de instancia (Iris Cancio González) erró al conceder un injunction permanentes sin tan siquiera celebrar una vista y ante una moción de desestimación. Por el contrario, ese foro revisor concluyó que los demandantes ni alegaron que eran onerosas las condiciones para dicho registro pues ni lo solicitaron teniendo un foro adecuado. El foro apelativo citó extensa jurisprudencia federal en la que se han validado requisitos similares, incluyendo un registro idéntico para los periodistas que quieren cubrir la sala de prensa de la Casa Blanca.

El licenciado Ramón Rosario Cortés, quien representó al Gobierno y de la Gobernadora, expresó que “esta victoria valida la posición de la Gobernadora de que la libertad de prensa se respeta. Ello no implica que nos olvidemos del orden y de la seguridad”.

El Overseas Press Club reacción a la determinación judicial y se mantendrá atentos a los pasos a seguir.

“La sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones en la que revoca al Tribunal de Primera Instancia (TPI) sobre el requerimiento de las certificaciones de prensa por parte de La Fortaleza es una decisión desafortunada y errada. Reiteramos que no le corresponde al Estado el poder de determinar quién puede y quién no puede ejercer el periodismo en Puerto Rico. Validar el requisito impuesto por la gobernadora Jenniffer González Colón le confiere esa facultad al poder ejecutivo”, dijo Wilma Maldonado, presidente del OPC en una comunicación escrita.

“No existe ninguna necesidad práctica en términos organizacionales o de seguridad para requerir tal certificación. El temor que realmente mueve a la Gobernadora es a las preguntas que los periodistas puedan hacerle y a la fiscalización. Seguiremos apoyando a los periodistas del Centro de Periodismo Investigativo (CPI) si deciden ir al Tribunal Supremo. El OPC y la Asociación de Periodistas de Puerto Rico acudieron al TPI como amigos de la corte y evaluarán ahora, en consulta con su abogado Francisco Ortiz Santini, cuál es la acción que corresponde seguir”.