Aunque hasta el momento los municipios se han salvado de las medidas de austeridad recomendadas por la Junta de Control Fiscal (JCF), están dentro el radar de ese ente como posible objeto de ajustes de ese cuerpo.

El presidente de la JCF, José Carrión III, dijo durante la reunión del lunes en la ciudad de Nueva York que ‘hasta el presente no hemos designado cualquier municipio como entidad cubierta (por PROMESA). Nos hemos enfocado en el gobierno central, aunque eso no es decir que en algún futuro lo hagamos’.

La expresión vino como respuesta al comentario de un miembro del público, Jason Anthony Piñero, sobre los gastos en los municipios, específicamente sobre por qué un municipio como San Juan le da un contrato de unos $30,000 a ‘un activista LGBTT que no hace nada’, en aparente referencia a la controvertible contratación en esa ciudad del activista Pedro Julio Serrano como enlace con la comunidad LGBTT.

La ley PROMESA define el término ‘instrumentalidad cubierta’ de manera amplia a modo que cobija las subdivisiones políticas. Por lo tanto, ese cuerpo que controla las finanzas públicas tiene la facultad de designar municipios dentro sus mandatos fiscales.

Aunque el Plan Fiscal que presentó el gobierno ilustra que los municipios reciben apropiaciones de aproximadamente $350 millones anualmente, propone reducir esa cantidad como también reformar el régimen de impuestos sobre la propiedad. Esta propuesta, según el plan, generaría $426 millones en recaudos, $350 millones de los cual irían a los municipios y $76 millones al gobierno central.