Washington – Los republicanos del Congreso de EE.UU., apurados por aplacar a su minoría más conservadora, han puesto esta semana en marcha una demanda judicial en la que acusan al presidente Barack Obama de abuso de poder.

El motivo es que retrasó, sin contar con el Congreso, partes de la ley de reforma sanitaria. No importa que los conservadores defiendan la derogación completa de esa ley; lo importante es que, en su opinión, Obama ignora al Legislativo y abusa de su autoridad.

Pero los ultraconservadores del Tea Party querrían todavía más: un juicio político (impeachment) al presidente, un proceso muy llamativo en el cual la Cámara de Representantes actúa como fiscal y el Senado como tribunal.

En los doscientos treinta y ocho años de historia de EEUU, sólo dos presidentes han sido sometidos a juicio político: Andrew Jackson, en 1868, y Bill Clinton, en 1998, y ambos fueron absueltos.

En 1974, el presidente Richard Nixon renunció después de que la Cámara de Representantes aprobara su ‘impeachment’, pero antes de que se llevara a cabo el juicio en el Senado.

Las demandas judiciales ante tribunales ordinarios contra el presidente de Estados Unidos no son novedosas, y la que supuestamente formalizará sin fecha definida el presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner, según expertos legales y constitucionalistas, encara la misma suerte de las anteriores: ninguna.

Pero el Partido Republicano, que ha estado en la oposición desde 2009, padece una crisis de identidad agitado por un ala ultraconservadora, el Tea Party, que amedrenta a la mayoría centrista y conservadora en la competencia por una estrategia electoral viable de cara a las presidenciales de 2016.

Los componentes de Tea Party sostienen que Obama es un ‘tirano disfrazado’ que abusa de las atribuciones del poder ejecutivo y es, al mismo tiempo, un gobernante débil que ha menoscabado la posición de Estados Unidos en el mundo.

Por ello, los más conservadores quieren someter a Obama, por sus acciones u omisiones, a un juicio político.

Por el contrario, la mayoría del Partido Republicano sabe que ése es un intento fútil y contraproducente: la amenaza de ‘impeachment’ puede movilizar en las elecciones de noviembre a los votantes demócratas y aún a los independientes que han votado por Obama.

De hecho, el Comité Demócrata de Campañas Legislativas recaudó 4,8 millones de dólares en contribuciones de más de 240.000 personas justo cuando el Tea Party hacía más ruido sobre su deseo de someter al presidente al ‘impeachment’.

La alternativa que intenta Boehner, la de la demanda judicial, finge hacer algo sin que tenga más efecto que la polémica cuando faltan tres meses para las elecciones legislativas.

La demanda, supuestamente, acusará a Obama de haber abusado de su autoridad ejecutiva cuando suspendió, por razones técnicas, la aplicación de algunos aspectos de la Ley de Cuidado de la Salud a Bajo Precio, promulgada en 2010 y que los republicanos quieren anular.

Pero este planteamiento se contrapone al principio legal según el cual quien inicia una demanda debe demostrar que ha sufrido un daño real y concreto, lo que no se da en el caso de los republicanos.

El profesor de derecho de la Universidad Católica Victor Williams comentó que ‘no hay forma alguna en la cual un tribunal llegue a la conclusión de que la Cámara de Representantes, como institución, ha sufrido por el intento del presidente Obama de aplicar, de buena fe, la ley de reforma sanitaria’.

En todo caso, si Bohener sigue adelante con la demanda, Obama no será el primer presidente demandado ante los tribunales.

En 1962, el senador Hugh Lee Bailey demandó al presidente John F. Kennedy por las lesiones sufridas en una colisión de vehículos dos años antes en California.

Kennedy no había estado involucrado directamente en el accidente, pero Bailey arguyó que las lesiones que le había causado el chófer de Kennedy le habían incapacitado para montar en burro. Kennedy pagó 17,500 dólares para resolver la querella.

En 1974, el fiscal especial Leon Jaworski, que investigaba el caso Watergate de espionaje político, obtuvo una citación judicial que obligaba al presidente Richard Nixon a entregar grabaciones y documentos.

Nixon se negó y concurrió ante el Tribunal Supremo que, por unanimidad, falló en contra del presidente. Quince días después, cuando la Cámara de Representantes aprobó el ‘impeachment’, Nixon renunció.

En 1997, la exempleada estatal de Arkansas Paula Jones demandó al presidente Bill Clinton por acoso sexual. El caso sacó a la luz numerosas acusaciones embarazosas para Clinton quien, cuatro años y medio después resolvió el caso, fuera de los tribunales, tras pagar a Jones 850.000 dólares.

El mismo Obama fue blanco en 2011 de una querella judicial iniciada por el representante demócrata Dennis Kucinich y otros ocho legisladores que acusaron al presidente de violar la Resolución de Poderes de Guerra de 1973 cuando ordenó una acción militar en Libia sin consultar con el Congreso.

Un juez federal desechó la demanda indicando que los demandantes no habían sufrido ningún daño real y concreto.