El Senado de Puerto Rico solicitará al Contralor General de Estados Unidos que someta al Congreso federal un informe de auditoría de la deuda pública de la isla.

La medida que viabiliza la petición fue presentada por el vicepresidente senatorial, Larry Seilhamer, quien aseguró que las disposiciones contenidas en la Ley Promesa obligan a que la auditoría sea realizada por el Contralor federal.

El proyecto tuvo 15 votos a favor incluyendo el del senador del Partido Popular Democrático, José Nadal Power.

‘De esta forma, se consigue una evaluación independiente y transparente de rendición de cuentas sin que pueda ser objeto de ataques colaterales y que pueda ser efectivamente utilizada por la Junta de Control Fiscal en la encomienda que le corresponde tras la aprobación de PROMESA,’ dice la exposición de motivos de la medida.

LaResolución Concurrente del Senado 17, también estipula que la misma se enviará en inglés al Presidente de los Estados Unidos, al Congreso, la Comisionada Residente y a los medios de comunicación.

Por otro lado, el Senado dio a las oficinas municipales la facultad de otorgar permisos para que un negocio opere por una vigencia de seis meses con la aprobación delProyecto del Senado 244, de la autoría de Carmelo Ríos Santiago.

‘Esta Certificación Provisional no se expedirá a negocios que se dediquen a la venta de alimentos procesados o cocidos para consumo como restaurantes, laboratorios clínicos u oficinas médicas donde se practiquen procedimientos invasivos ni a funerarias,’ dice la medida.

Ríos expresó que la misma ‘es una ley especial y no choca uno con lo otro’ refiriéndose a la Ley de Permisos.

La pieza legislativa enmienda la Ley de Municipios Autónomos con el propósito de conferir a las oficinas municipales la facultad de otorgar permisos de uso provisionales a las solicitudes que solamente les falte el certificado del Departamento de Salud para completar su trámite, dentro de un término de 30 días de haberse solicitado.

Otra medida que contó con el aval senatorial fue el proyecto que regulará la participación de las entidades gubernamentales y sus subsidiarias en el mercado de ofrecimiento de servicios de telecomunicaciones en el Gobierno.

De esta forma, la ley prohibiría que las agencias, departamentos, corporaciones públicas y municipios provean servicios de telecomunicación a clientes al detal en Puerto Rico.

El proyecto, que ahora pasará a manos del Gobernador para su firma, crea la Ley para la Competencia Justa en Servicios de Telecomunicaciones, de Información y Televisión por Paga en Puerto Rico; y enmienda la Ley de Telecomunicaciones de Puerto Rico de 1996.