Mientras la Junta levanta bandera por fondos

Linda Ramos, portavoz de padres de Educación Especial, denunció el martes, que en el área de Foro de Querellas de Educación Especial existe un supuesto esquema de corrupción en el Departamento de Educación (DE).

‘Este es el foro de querellas donde por ley federal, todos los padres de Puerto Rico, que tienen problemas con el registro, que no le quieren determinar elegibilidad a sus hijos, que no tienen terapia, que le faltan maestros, que no tienen enfermeras, que no tienen transportación para la escuela, acuden al foro donde hay un oficial administrador que en Puerto Rico se le ha llamado juez administrativo’, explicó Ramos en conferencia de prensa.

‘En ese foro hay un denominador común, y es un esquema donde el gobierno ha estado nombrando gente de unas agencias públicas y privadas para responder a la política pública del Departamento de Educación. Este tipo de nombramiento y el conflicto de interes crean una muralla china para que los padres cuando lleguen allí, en vez de encontrar a un juez totalmente imparcial, investido del conocimiento de peritaje, de la ley de Educación Especial, de la sentencia del caso de Rosa Lydia Velez que es lo único que el tiene que administrar allí, pues vemos que el no tiene el conocimiento’, añadió.

Mencionó que el abogado Pedro J. Cintrón Vázquez, ‘este abogado es contratado por el secretario de Educación, Eligio Hernández, quien le renueva los contratos en esta administración’.

Alegó Ramos que el juez administrador Cintrón Vázquez, quien trabaja para el Bufete Wolf Popper PSC a la licenciada Leyda Suri Rodríguez, fue contratada como abogada para litigar en el DE contra los padres de estudiantes de Educación Especial.

Rose Mary Arce, madre de un estudiante de Educación Especial, alegó que ‘ese juez manotea, grita, se niega a inhibirse y no permite grabar’.

‘Las decisiones que toma ese juez están amañadas. Él y la abogada trabajan para el mismo patrono, Wolf Popper’, dijo Ramos.

Exigieron que el contrato de Cintrón Vázquez y de la licenciada Leyda Suri Rodríguez sean rescindidos.

La denuncia surge en medio de una carta de la Junta de Control Fiscal (JCF), ente que advirtió a la gobernadora, Wanda Vázquez Garced, y al presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, que dar paso a la asignación de $123,000,000 para sufragar los costos de las terapias y evaluaciones para estudiantes del Programa de Educación Especial, viola el presupuesto ya certificado para el actual año fiscal.

Se trata de la Resolución Conjunta radicada por Rivera Schatz y ya aprobada en el Senado, que asigna esa cifra al Programa de Educación Especial y que ahora evalúa la Cámara de Representantes. La puesta en marcha de la medida que levantó bandera a la Junta pudiera ser otro de los retos entre ese cuerpo y la Rama Legislativa que llega a los tribunales.

‘De aprobarse la #RCS399, la cual asigna al DE $123M en fondos que no son parte del Presupuesto Certificado, se violarían múltiples secciones de PROMESA. La JSF espera que el Gobierno de PR cumpla de buena fe con su obligación’, advierte el ente a la vez que pide acción de Vázquez Garced.

Al momento, ni la Rama Legislativa ni la Gobernadora se han expresado sobe la misiva.

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