La acusación federal que inició el ‘Verano del 19’ se desvanece sin todavía presentarse ante un jurado.

La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico avisó el viernes en la noche que otorgó acuerdos de desvío para los contadores Aníbal Jover Pages y Fernando Scherrer Caillet, quienes eran parte del pliego acusatorio que encabezó la exsecretaria de Educación, Julia Keleher, en julio de 2019.

Con esta decisión, el caso sigue marcando un paso de desmoronamiento. Ninguno de los siete acusados que llegó a tener han ido a juicio, tres se declararon culpables (incluyendo Keleher), a una le retiraron los cargos sin más, a los dos contadores les dieron desvío y solo queda como acusado activo el consultor Alberto Velázquez Piñol.

Estas resoluciones para los distintos involucrados ocurrieron en un marco de procesamiento en el que la teoría del caso cambió, se emitió una acusación enmendada, y decisiones del Tribunal Supremo federal le quitaron fuerza a los cargos. Originalmente, cuando la acusación se anunció en 2019, hubo protestas de reacción que, unidas a las que provocó la revelación de un chat de Telegram del exgobernador Ricardo Rosselló Nevares, provocaron la renuncia de este ese verano.

De los acusados, solo Keleher cumplió cárcel, por un término de seis meses, tras declararse culpable. Las hermanas Glenda y Mayra Ponce Mendoza se declararon culpables también, pero recibieron sentencia de probatoria. A Glenda, que era ayudante de Keleher, se le imputó pasar información de la agencia a su hermana para que ésta hiciera una propuesta de contrato que Keleher adjudicó a su favor.

Los desvíos de Scherrer Caillet, un exsocio de BDO Puerto Rico, y Jover Pages, un expresidente del Colegio de Contadores Públicos Autorizados, implican que ambos serán supervisados por la Oficina de Probatoria durante 18 meses y, al cabo del término, la fiscalía sometería una petición para desestimar todos los cargos en su contra. Ya ambos se habían beneficiado de una decisión de fiscalía en noviembre pasado de desestimar 18 de los 66 cargos en el caso. En esos 18 cargos se fueron todos los que pesaban contra la exdirectora de la Administración de Seguros de Salud (ASES), Ángela Ávila Marrero, por lo que quedó libre.

Durante la Administración Rosselló Nevares, BDO llegó a acaparar contratos en las agencias más importantes para consultoría y auditoría. Además, trabajó los planes de transformación que el gobierno presentó a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF). En los pliegos se les imputaba haber obtenido contratos usando información que les pasaba Ávila Marrero a través de Velázquez Piñol. Tanto Scherrer Calliet como Jover Pages habrían pagado comisiones ilegales a Velázquez Piñol para obtener contratos públicos. La prueba del caso incluía que Rosselló Nevares reclutó personalmente a Velázquez Piñol para que lo ayudara en su plan de salud y que, a su vez, el consultor le recomendó que designara a Ávila Marrero en ASES.

La operación de BDO en Puerto Rico se desvaneció después del arresto de Scherrer Caillet y el de su socio, Gabriel Hernández Colón en un caso separado por fraude con impuestos que surge de su trabajo como consultor para los beneficios contributivos de inversionistas residentes y de servicios de exportación. Ese caso está paralizado desde 2021, pendiente de que el juez Pedro Delgado Hernández resuelva mociones de desestimación.

Desde 2021, Scherrer Caillet es presidente de la empresa Wise Consulting Group LLC y Hernández Colón lo es de Janus Advisors LLC.

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