Agradeció apoyo.

Tras salir de prisión hoy, el excomisionado de la Policía Municipal de San Juan, Hilton Cordero, ofreció unas palabras de agradecimiento luego de lo que describió como un ‘calvario’.

Cordero llevaba 93 meses encarcelado por pornografía infantil y salió hoy, lunes, luego de que se declarara ‘a lugar’ una moción radicada por la defensa del expolicía, Edwin Castro. A su salida de la cárcel federal, ofreció unas cortas declaraciones al programa Dando Candela.

‘Le agradezco el cariño, el amor a traves de todo el calvario. Cometí un error y pague bien caro’, expuso Cordero al programa Dando Candela a la vez que dijo que pensaba aprovechar ‘al máximo’ esta ‘nueva oportunidad’.

En 2013, el juez federal Gustavo Gelpí lo sentenció tambien a cinco años de libertad supervisada por cargos de pornografía infantil relativos a una menor de edad que era vecina suya, pero la acusación luego fue desestimada.

La investigación contra el exoficial de seguridad bajo la administración del otrora alcalde Jorge Santini, comenzó por alegaciones de su propia hija por hechos que tienen que ver con fotos y conversaciones ciberneticas de índole sexual que tuvo con su vecina menor de edad.

Pero para 2016, un Gran Jurado federal acusó nuevamente a Cordero, esta vez de trata humana, como parte de la continuación de la controversia legal que incluyó pornografía infantil. La enmienda a la acusación fue un intento de parte de la Fiscalía federal por darle la vuelta a la impugnación que intentó Cordero para que no se admitiera como evidencia material encontrado en ciertos aparatos electrónicos y discos duros que la Policía ocupó en el momento de su arresto en 2011.

Fue entonces que en agosto de este año, tras declararse culpable, el hombre de 59 años de edad fue sentenciado por Gelpí a 104 meses de cárcel y 12 años de libertad supervisada por el cargo de posesión de pornografía infantil en el segundo pliego, luego que la primera acusación fuera desestimada.

Cordero ya se había declarado culpable por los cargos sometidos en esa primera acusación de 2011. Como parte del acuerdo con el Gobierno, el convicto se había reservado el derecho de apelar la supresión de la prueba en su contra.