El juez federal ‘senior’ Juan M. Perez Gimenez desestimó el recurso con el que se reclamaba que el Gobierno de Puerto Rico reconociera en sus trámites gubernamentales los matrimonios homosexuales realizados en otras jurisdicciones en donde, distinto a la Isla, esas uniones están legalmente reconocidas.

La demanda fue interpuesta inicialmente por la activista Ada Conde y su esposa, Ivonne Álvarez, y a la que luego se sumaron otras parejas que buscaban que se declarara inconstitucional el artículo 68 del Código Civil de este Estado Libre Asociado (ELA), que establece el matrimonio como una unión entre un hombre y una mujer.

‘De la Constitución de Puerto Rico no emana el derecho al matrimonio del mismo sexo, por lo que el ELA no está obligado a reconocer tales uniones’, dijo el Juez al argumentar su decisión.

En su opinión, la política puertorriqueña en cuanto a los matrimonios entre personas del mismo sexo no deben decidirla los jueces, sino el Poder Legislativo de la isla, tras el debate entre la ciudadanía y sus representantes electos.

Sin embargo, Pérez Giménez de inmediato sucumbió a la tentación de insertarse en un debate que dijo que no le incumbía. En la parte final de la decisión, el juez argumenta:

‘El matrimonio tradicional es la unidad fundamental del orden político. Y al final, la mismísima supervivencia del orden político depende del potencial procreador que encierra el matrimonio tradicional.

Estos son principios bien probados con los que hemos contado por siglos. La pregunta ahora es si la ‘sabiduría’ judicial puede confeccionar métodos mediante los cuales esos principios sólidos pueden ser descartados o circunvalados.

Una clara mayoría de tribunales ha derogado estatutos que afirman la exclusividad del matrimonio de sexos opuestos. En su ingenuidad e imaginación han construido una estructural legal supuestamente abarcadora para esta nueva forma de matrimonio. Y, sin embargo, sigue sin contestarse si las leyes que prohiben la poligamia o, digamos, el matrimonio entre padres e hijas, son ahora de validez dudosa’.

Recientemente, Justicia pidió al foro federal que desestimara esta demanda interpuesta en marzo en la que Conde y Álvarez reclamaban que se reconociera en Puerto Rico como legal y legítimo su matrimonio contraído en el estado de Massachusetts hace más de una década.

La reacción de Conde a la decisión de Pérez Giménez se dejó sentir en la red social Facebook, donde aseguró que el próximo camino será el Primer Circuito de Apelaciones de Boston.

‘Darle la espalda a más de 50 decisiones a favor del matrimonio en toda la nación americana solo se describe en dos palabras: discrimen y homofobia. De qué sirve el propio Tribunal federal si no defiende a los propios ciudadanos del discrimen?’, cuestionó Conde.

El exgobernador Pedro Rosselló firmó durante su mandato una ley que prohibía en la Isla el reconocimiento de los matrimonios entre personas del mismo sexo contraídos en otras jurisdicciones de EE.UU.

Sin embargo, en mayo de 2013 fueron aprobados en Puerto Rico los proyectos 238 del Senado y 488 de la Cámara que prohibían la discriminación por orientación sexual e identidad de género en el escenario laboral.

Además, incluían en la protección legal ante la violencia doméstica a cualquier persona, con independencia de su orientación sexual, identidad de género o estado civil.

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Decisión caso Ada Conde matrimonio gay – NotiCel_9074