En una vista en el Senado, DACO informó que desde el 1 de septiembre de 2021 al 20 de octubre de 2022, han recibido 450 querellas contra las compañías dedicadas a la venta e instalación de sistemas de placas solares.

Un proyecto de ley que propone fortalecer las garantías que ofrecen los suplidores de placas solares a los consumidores, fue apoyada con enmiendas por el Departamento de Asuntos al Consumidor (DACO) y el Negociado de Energía.

Ambas agencias comparecieron ante la Comisión de Desarrollo Económico, Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor, que preside la senadora Gretchen Hau, y que evalúa en vista pública el Proyecto del Senado 1047 que busca crear la “Ley de Cumplimiento de Garantías de Sistemas de Placas Solares”.

El DACO fue representado por la licenciada Arelis Ortiz Rivera, que presentó una ponencia firmada por el secretario Edan Rivera Rodriguez, en la que reconoció que el proyecto reafirma y fortalece la jurisdicción de la agencia.

Informó a la Comisión que desde el 1 de septiembre de 2021 al 20 de octubre de 2022, DACO ha recibido 450 querellas contra las compañías dedicadas a la venta e instalación de sistemas de placas solares en Puerto Rico.

Con varias recomendaciones de enmiendas a la medida el DACO estableció que de aprobarse esta, la agencia atenderá, investigará y resolverá “las reclamaciones de bienes y servicios adquiridos de compañías dedicadas a compraventa e instalación de sistemas de placas solares”.

Explicó que DACO podrá atender controversias sobre incumplimiento de contrato; anuncios y prácticas engañosas; reemplazo o reparación de equipos y la evaluación de calidad, seguridad e idoneidad de servicios.

Aclaró que los asuntos relacionados a facturación y asuntos energéticos le corresponden al Negociado de Energía.

El titular de esa entidad, Edison Avilés Deliz, compareció también a la audiencia y apoyó la medida, a la vez que reconoció los esfuerzos de la comisión dirigidos a ofrecerles a los consumidores protecciones necesarias al momento de adquirir sistemas de placas solares.

“Esto removerá obstáculos al consumidor y servirá para estimular la integración de fuentes de energía renovable”, dijo.

Apoyó en específico el Artículo 18 del Proyecto (Transferencia de Quejas y Querellas) pues dispone que DACO y el Negociado deben crear un común acuerdo para la transferencia de quejas y querellas entre ambas agencias. “De este modo, se evitará que ambas entidades tengan que desestimar un recurso o reclamos sobre sistemas de placas solares por falta de jurisdicción”, expresó.

Mientras tanto y en posición contraria a la medida se expresó Javier Rúa Jovet, que es el primer oficial de política pública de la Asociación de Energía Solar y Almacenamiento de Puerto Rico (SESA por sus siglas en inglés).

“Respetuosamente, SESA expresa que no puede apoyar esta medida. Según redactada, paralizaria totalmente las instalaciones solares en la isla”, afirmó.

Criticó varias disposiciones del proyecto, incluyendo algunos de los poderes que le otorga al DACO. “El alcance extraterritorial sobre las normas de garantías mínimas de sistemas solares, las cuales son establecidas por manufactureros, implica un grave riesgo de paralizar estas instalaciones resilientes en la isla e impactar el comercio interestatal en la medida que el DACO pueda establecer requisitos inexistentes en otras jurisdicciones y que trasciendan las convenciones comerciales y tecnológicas del sector”, sostuvo.

Resaltó el crecimiento de ese sector al señalar que antes del Huracán María, menos de 10,000 clientes de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) contaban con sistemas solares, y estos eran solo para ahorrar en la factura eléctrica, no para sobrevivir apagones, pues carecían de baterías.

“Hoy, incluso sin incentivos, y ante una carga regulatoria alta y multiagencial, sobre 50,000 familias ya tienen sistemas solares en sus techos. Pero más importante aún, fundamentalmente todos estos sistemas postMaría incluyen al menos una batería y muchos sistemas pre-María también han sido reacondicionados (retrofilted) con baterías”

Estimó “conservadoramente” que ya hay sobre 55,000 baterías solares en Puerto Rico, “protegiendo a familias de los apagones nuestros de cada día, y de aquellos mucho mas extensos como los experimentados por nuestra gente postMaría y ahora post­Fiona”.

La presidenta de la Comisión aclaró que con este proyecto lo se está buscando es salvaguardar los derechos del consumidor con marcos de garantías. “No tengo como propósito afectar la industria de energía solar; no quiero que tengan impuestos adicionales, pero debo velar por lo que dice mi comisión: los derechos del consumidor”, afirmó.

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