Hay alegaciones de «humillaciones y abusos» a víctimas.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció este jueves que está investigando a la Policía de Nueva York (NYPD) por una supuesta mala gestión de los casos en los que se investiga un delito sexual tras recibir alegaciones sobre «humillaciones y abuso» a víctimas.

En concreto, el Gobierno ha abierto una pesquisa civil sobre la División de Víctimas Especiales (DVE) de la policía neoyorquina para evaluar si es responsable de discriminación «con sesgo de género», y planea escuchar las «experiencias» de organizaciones y ciudadanos.

Según un comunicado, Justicia ha recibido información sobre «deficiencias» que han persistido más de una década en la DVE y que indican que se han omitido «pasos básicos» en estas delicadas investigaciones y en su lugar se ha «traumatizado aún más» a muchas víctimas.

El Gobierno planea revisar las políticas, procesos y formación establecidos en esa división de la NYPD para realizar las investigaciones, incluyendo cómo los agentes interactúan con «supervivientes y testigos», cómo recolectan pruebas y cómo cierran los casos.

La fiscal general adjunta, Kristen Clarke, dijo que las alegaciones suponen «suficiente justificación» para esclarecer si la DVE «ha seguido un patrón o ejercido discriminación con sesgo de género», y reclamó un trato «efectivo, informado sobre el trauma y centrado en la víctima».

Según medios locales, algunas víctimas de delitos sexuales han acusado a la policía local de no investigar adecuadamente sus casos, mientras que en 2018 la Administración concluyó que se daba prioridad a casos de violaciones por parte de extraños frente a las ejecutadas por conocidos.

La ciudad señalaba la falta de personal, un problema que se alarga desde 2010, y la inexperiencia de los agentes en este ámbito como factores que han perjudicado el trabajo de la DVE y, por ende, a las víctimas.

Este mismo mes, la fiscalía de Manhattan estableció una nueva unidad dedicada a delitos de violencia sexual para prestar más atención a la «dignidad y bienestar» de las víctimas, tras años de alegaciones sobre permisividad con agresores de alto perfil y rechazo de numerosos casos.