Los galenos piden se declare inconstitucional la orden que les requiere un curso de sensibilidad hacia la comunidad LGBTT como parte de su acreditación.

Un grupo de dos dentistas, un médico y una enfermera demandaron al Departamento de Salud para conseguir que se declare inconstitucional una Orden Administrativa que les obliga a tomar un curso de dos horas en un periodo de tres años sobre «sensibilidad y competencia cultural en el servicio a la población LGBTT» que encuentran ofensivo a sus creencias religiosas.

La orden 398 del exsecretario de Salud, Rafael Rodríguez Mercado, está basada en una orden ejecutiva del exgobernador, Ricardo Rosselló Nevares, y, de hecho, los demandantes están representados por el exdirector ejecutivo de la Oficina del Tercer Sector y Base de Fe para el tiempo de ese gobernador, Héctor A. Albertorio Blondet. También están representados por el sacerdote, y licenciado, Carlos Pérez Toro, y por el licenciado Juan M. Gaud Pacheco.

El matrimonio de José A. Rodríguez Robles, médico, e Idelisse Almodóvar Rodríguez, dentista, demandaron junto a la también dentista, Ruth L. Carro Feliciano, y la enfermera Jeanette Colón Rosa. La Oficina de Reglamentación y Certificación de Profesionales de la Salud y la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica también están demandadas.

El curso es una condición para que los galenos obtengan las licencias que emite el estado y los demandantes resaltan que solo otros dos cursos, de enfermedades infecciosas y de covid-19, son obligatorios también. A su entender, la obligatoriedad del curso objetado es «con miras a adelantar una agenda ideológica, discriminatoria y de diversidad de una sola vía (‘one way diversity’)».

«(Los demandantes,) como creyentes cristianos, tienen unas sinceras y profundas creencias religiosas sobre la orientación sexual y las identidades sexuales y/o de género contrarias a la ideología que el Departamento de Salud pretende promover mediante la obligatoriedad de los cursos en controversia y la regulación del contenido de sus expresiones mediante el requisito de aprender y utilizar ‘lenguaje inclusivo'», plantea el recurso de sentencia declaratoria.

El matrimonio comenzó a tomar el curso, pero lo encontraron «ofensivo» a sus creencias religiosas, «rayando en adoctrinamiento ideológico contrario a su fe», lo que les impidió completarlo.

Algunos detalles del curso que el escrito reproduce son la discusión sobre un «falómetro»», o herramienta que critica los estándares médicos para el tamaño que deben tener el pene o el clítoris, así como un glosario de términos que incluye sobre 20 identidades de género u orientaciones sexuales, «además de promover el rechazo al lenguaje español tradicional, cambiándolo por el uso del ‘lemguaje inclusivo’ y pronombres de preferencia (ej. elles. todes, todxs, chicx, l@s, etc.), claramente alterando la expresión de los demandantes».

«[C]uando el Departamento de Salud exige que los profesionales de la salud aprendan y se expresen utilizando determinado lenguaje que va en contra de lo que estos creen y practican, so pena de no renovarles sus licencias profesionales y hasta aplicarle medidas disciplinarias, el Gobierno de Puerto Rico regula el contenido de la expresión de estos profesionales, violando su libertad de expresión», reclamaron al Tribunal de Primera Instancia en el recurso presentado el 15 de junio.