El mismo juez federal que lo sentenció, concedió una solicitud del exsenador para permanecer en libertad mientras se evalúa su apelación.

Sin exponer sus razones, el juez federal Joseph N. Laplante concedió la solicitud del exsenador Abel Nazario Quiñones para ser excarcelado y permanecer en libertad mientras se tramita la apelación de su condena por mentir con relación al uso de fondos federales en el municipio de Yauco cuando era su alcalde.

Con esta decisión, Nazario Quiñones cumple con unos dos meses y medio de la sentencia de 18 meses de cárcel que Laplante le impuso el 19 de marzo pasado. El exsenador se entregó a fines de mayo en laa institución penal de Jesup en Georgia. Además de los 18 meses de cárcel, también se impuso el pago de $19,774.50 para el beneficio de 18 víctimas de los actos del exalcalde y quienes recibirán distintas cantidades, entre $174 a $3704.75.

La Oficina del Contralor inicialmente expuso en una auditoría las irregularidades que culminaron en los cargos y que esencialmente fue que Nazario Quiñones mintió al Departamento del Trabajo federal sobre ciertas compensaciones que se le dieron a empleados del ayuntamiento.

Laplante no explicó su decisión para excarcelar al político del Partido Nuevo Progresista (PNP), pero esa decisión implica que el juez se ha convencido de que los argumentos de apelación pueden tener mérito. En la vista de sentencia el juez explicó en detalle su razonamiento y reveló que la imagen que más le impresionó en el desfile de prueba fue la del entonces alcalde repartiendo personalmente cheques de un programa federal a sus empleados para engrandecer su figura como político.

«No era su dinero el que estaba dándole (a los empleados), esos son empleados públicos y son fondos públicos», dijo en ese momento. «Yo sí veo esto como un crimen serio… tiene que haber disuasión y respeto por la ley», subrayó al exponer que, si no imponía alguna pena de cárcel, estaría enviando el mensaje de que los que tienen poder se pueden zafar de las consecuencias de sus actos. Añadió que una de sus conclusiones es que Nazario Quiñones cometió los actos para «engrandecer su status político… engrandecer la percepción de su competencia y eficiencia».

El 18 de mayo, la abogada del exsenador, la exfiscal María Domínguez Victoriano, sometió una moción solicitando fianza pendiente de apelación argumentando que el hombre no es un riesgo de fuga ni un peligro a la comunidad. También, que si la apelación tiene éxito se revocaría la condena en 14 cargos, lo que reduciría las posibilidades de cárcel a entre 6 a 12 meses.

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